ué dice el documento presentado para el sexto Congreso del Partido Comunista Cubano que debería realizarse en abril próximo? Trataré de resumir sus 32 páginas en este breve espacio.

El punto 17 declara que se tenderá a suprimir el funcionamiento económico regido por el presupuesto. El 19, que los ingresos de los trabajadores estatales dependerán de los resultados obtenidos por sus respectivas empresas (o sea, de la capacidad o incapacidad de los dirigentes y de los respectivos ministerios, y de lo lucrativo que pueda resultar su actividad desde el punto de vista del mercado). El 23 establece que cada empresa fijará los precios de sus productos y servicios y podrá ofrecer rebajas (lo cual abre el camino a la competencia feroz entre éstas y regiones, así como a toda clase de favoritismos y amiguismos). El 35 plantea la descentralización municipal de la producción, que estará sometida a los Consejos Administrativos Municipales (pero no establece quién elige ni quién controla a los mismos). El 44, dice que hay que reducir la expansión de los servicios, la cual dependerá de la marcha general de la economía; el 45, que habrá que bajar la importación de insumos y productos para la industria, pues la misma dependerá de la obtención de divisas. Entre las principales decisiones económicas, se dice que el vital problema de la circulación de dos monedas (el peso cubano y el CUC) pasará a ser estudiado y se decidirá cuando la marcha de la economía lo permita (la economía cubana, hay que recordar, está en crisis desde hace 30 años). Se declara, además, que se eliminarán los subsidios y las gratuidades, como norma (o sea, las políticas de sostén al consumo y a los sectores más pobres y que no reciben dólares del exterior ni pueden conseguirlos, legal o ilegalmente, en Cuba misma).

Se formula de modo muy vago la necesidad y la esperanza de facilitar los créditos bancarios y el ahorro, así como el objetivo de que los países beneficiarios paguen por lo menos los costos de la ayuda solidaria que brinda Cuba (lo cual no sólo transforma la solidaridad en servicio pagado, sino que choca con las posibilidades de las naciones que, como Haití, sufren desastres naturales o sanitarios de magnitud). Se crean también zonas especiales de desarrollo (que, se supone, gozarán de reducciones o exenciones de impuestos o de privilegios a quienes allí se instalen). El punto 65 anuncia que el país pagará estrictamente la deuda (para conquistar la confianza de los inversionistas y obtener posibles préstamos, lo cual hace suponer que esa –y no el sostenimiento de la economía interna y del nivel de vida de los cubanos– será la prioridad de las finanzas estatales). Al respecto, se plantea reducir o eliminar los gastos excesivos en la esfera oficial (dejando la definición de qué es excesivo al arbitrio de los administradores). La cantidad de universitarios estará determinada además por el desempeño de la economía y las universidades prepararán sobre todo técnicos y profesionales en las ramas productivas y relacionadas con el mercado.

El punto 142 establece que las condiciones que se creen para que los trabajadores puedan estudiar “deberán ser a cuenta del tiempo libre de éstos y a partir de su esfuerzo personal (es decir, sin becas, licencias, estímulos, facilidades). El 158 decide ampliar el servicio por cuenta propia (sin especificar cómo facilitar la preparación del cuentapropista, la obtención de locales dada la crisis de la vivienda ni la provisión de insumos y herramientas). El 159 añade que se desarrollarán procesos de disponibilidad laboral (o sea, de reducción de las plantillas en forma drástica). Aunque el documento no lo establece, resoluciones complementarias dicen al respecto que el trabajador con 30 años de antigüedad en la empresa recibirá durante cinco meses 60 por ciento de su salario una vez despedido, y los que tengan menor antigüedad, un salario aún menor. El punto 161 habla sobre la necesidad de reducir las gratuidades indebidas y los subsidios personales excesivos (¿quién fijará qué es indebido y qué excesivo?).

El 162 habla de una eliminación ordenada de la libreta de abastecimiento (que, según el texto, es utilizada también por quienes no la necesitan y fomenta el mercado negro). El punto 164 establece que los comedores obreros funcionarán a precios no subsidiados (sin compensación salarial alguna). El 169 independiza las distintas formas de cooperativas (agrarias) de la intermediación y del control estatales. El 177 especifica que la formación del precio de la mayoría de los productos dependerá sólo de la oferta y la demanda. El 184 dice que las inversiones se concentrarán en los productores más eficientes (y no en las ramas de mayor utilidad social). El 230 anuncia que se revisarán, al alza, las tarifas eléctricas. Ni los cuentapropistas ni las cooperativas tendrán subsidios. El 248 llama a implantar medidas para reducir el consumo de agua por los turistas, debido a la sequía (lo cual, dicho sea de paso, contrasta con el fomento al turismo –que utiliza piscinas, necesita jardines regados, combate el calor con duchas frecuentes– y con la decisión de hacer grandes campos de golf de 18 hoyos, que son voraces consumidores de agua).

No hay artículos que reduzcan los gastos en las fuerzas armadas ni de la alta burocracia. Las previsiones ecológicas (cultivo orgánico, desarrollo de las fuentes energéticas alternativas) dependen sólo de la responsabilidad del Estado (no prevén, pues, la participación popular en el territorio y además no van más allá del tipo de consumo y de producción fijados por el capitalismo, sin hacer de la crisis la ocasión para experimentar una producción y un consumo alternativos). Creo que el texto así resumido habla por sí solo y, por razones de espacio, dejo para el próximo artículo algunas conclusiones generales y la propuesta de otro tipo de soluciones.