En una carta al presidente Felipe Calderón Hinojosa, al gobernador Juan Sabines Guerrero y a las las empresas mineras canadienses, el equipo pastoral católico de la zona tzotzil manifestó, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, su dolor ante los crímenes de la minería, las represas, las ciudades rurales en los Altos y la falta de justicia por la masacre de Acteal.

Los indígenas que desde siempre hemos estado en estas tierras hemos vivido en comunión profunda con la naturaleza porque forma parte de nuestro ser. Sin la tierra no somos nadie. En consecuencia, expresaron su desacuerdo con el sufrimiento de nuestra madre tierra, provocado por los proyectos de empresas trasnacionales que le roban su vida y su sangre, y se solidarizaron con los pueblos de Chicomuselo y el párroco Eleazar Juárez Flores, quien se ha pronunciado por justicia y respeto para la población afectada por la minera canadiense Blackfire.

También se refirieron a los proyectos hidroeléctricos que han amenazado durante años a los pobladores de municipios como Huitiupán, Simojovel, El Bosque, Chalchihuitán, Amatán, Pantelhó y San Andrés, particularmente los proyectos de Chinín e Itzantún, que amenazan la vida y la estabilidad de muchas de nuestras comunidades.

Deploraron que nunca se considere el aprecio que los habitantes tienen por su tierra, se dijeron convencidos de que se puede vivir en armonía con la naturaleza y se opusieron a todo proyecto de muerte que amenace la vida en nuestro suelo.

En particular, el proyecto de ciudades rurales es para el pueblo un signo de muerte, un plan impuesto por el gobierno para controlar a la población y destruir su cultura, dijeron los representes católicos indígenas. Negaron que sea para contrarrestar la pobreza; es mentira que es provocada por la dispersión. Dichos proyectos favorecen a las constructoras y son para enriquecer más a los ricos y empobrecer a los pobres, pues el sistema económico está al servicio de los poderosos. Lo que se da a los indígenas son las sobras, para callar su conciencia y detener la lucha por la justicia y la verdad.

Las ciudades rurales en Chiapas forman parte del sistema neoliberal de planes, proyectos y negocios de empresas trasnacionales para que poco a poco se apoderen de nuestra madre tierra y se lleven los recursos naturales. Ante tal realidad, se sumaron al rechazo total a la construcción de una ciudad rural en San Pedro Chenalhó, secundando las denuncias públicas de grupos católicos pedranos (8 de agosto y 11 de septiembre). Aunque el gobierno niega el proyecto, los habitantes dan testimonio firme del proceso de compra de 40 hectáreas en la comunidad Majumpepentik, cerca de Polhó (cabecera del municipio autónomo zapatista), y de que el presidente municipal oficial ya dio su firma de aprobación.

Por último, expresaron preocupación “por lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en complicidad con el gobierno, para la aplicación de ‘justicia’ en el caso de Acteal”. No han avanzado, sostienen, sino que dan pasos atrás al seguir liberando a los autores materiales, y se sigue cometiendo una gran injusticia contra los sobrevivientes al no tomar en cuenta su testimonio. Dado que se quiere encubrir la masacre de 1997, dejan en el olvido los testimonios de la verdad.

El equipo tzotzil sostiene que el gobierno, hoy más que nunca, está educando en la impunidad y los sobrevivientes corren el riesgo de ser nuevamente hostigados y atacados. Los indígenas exigen verdad y justicia en el caso de Acteal: no nos cansaremos de seguir denunciando, por más que se quiera ocultar la verdad con proyectos asistencialistas.