Senadores y diputados de PRI, PRD y PT advirtieron que la reciente iniciativa de Felipe Calderón, encaminada a integrar a todo el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la lucha contra el crimen organizado, forma parte de su estrategia errónea contra el narcotráfico, que lleva al Ejército a mayor desgaste y permite avanzar en la militarización del país.

De aprobarse la iniciativa presidencial, el paso siguiente será reclutar a civiles, coincidieron los senadores priístas Carlos Jiménez Macías y Fernando Castro Trenti, el petista Ricardo Monreal y el perredista René Arce. Recalcaron que analizarán con todo rigor y detenimiento esa reforma a la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, dadas sus implicaciones para la vida democrática del país.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, advirtió que se requiere una política integral para el combate al narcotráfico y no acciones de bote pronto, como el pretendido incremento de la capacidad de fuego del Ejército.

Por separado, representantes de organismos defensores de derechos humanos y académicos concluyeron que la iniciativa que busca incorporar a los profesionales de la Sedena como efectivos militares muestra la obstinación de Calderón en mantener una estrategia que mostró ya su ineficacia y que puede traer más abusos del personal castrense contra la población civil.

René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostuvo que se trata de una táctica desesperada. Ya es como la leva, algo similar a lo que hace el narcotráfico, que adonde llega levanta a personas para incorporarlas a sus filas.

El senador Ricardo Monreal recordó que la participación del Ejército en tareas policiacas, específicamente para hacer frente a las bandas del narcotráfico, es discutible desde el punto de vista legal, y ahora llegan al exceso de pretender involucrar a todo el personal de la Sedena, incluidos médicos, ingenieros y todos los profesionales que ahí laboran.

Sostuvo que con esta iniciativa y las demás que Calderón ha hecho llegar al Senado, el Presidente pretende instaurar un Estado policiaco militar, en el que se restrinjan las garantías individuales. Igualmente, el priísta Jiménez Macías dijo que es un otro gran error del Ejecutivo creer que militarizando el país se podrá resolver la inseguridad y la violencia cada vez mayores.

El diputado del PRI César Augusto Santiago enfatizó que la intervención del Ejército en la batalla contra el crimen organizado es temporal, por lo que no se entiende la iniciativa de Calderón.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional en San Lázaro, Ardelio Vargas Fosado, justificó la propuesta: Se trata de los derechos que tiene el personal de apoyo, el personal administrativo, a tener grado dentro del Ejército.

Sostuvo que la reforma por supuesto que ayuda en el tema de la atención al crimen organizado, pero es mucho más profunda, va mucho hacia la dignificación del propio personal, que siendo de servicio no podía tener los beneficios de ascensos que tiene el personal de armas.

Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, deploró que el Ejecutivo insista en dejar todo el peso de la seguridad pública en manos de las fuerzas armadas.

Agnieszka Raczynska, secretaria técnica de la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, resaltó que lo que más preocupa es que el gobierno no está escuchando las denuncias de la sociedad civil, de que el aumento de efectivos ha provocado más abusos y denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, Enrique González Ruiz, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, consideró que se trata de un intento por desnaturalizar las profesiones dentro del Ejército.

Estamos ahora ante el endurecimiento y la militarización hasta de la vida de las personas, en este caso de los miembros profesionistas del Ejército, dijo.