oy se conmemora el centenario de nuestra Revolución, lo que nos obliga a reflexionar sobre la suerte del país durante este periodo histórico, preguntándonos si las causas que dieron origen al movimiento armado: justicia, democracia y libertad, se reflejaron en la calidad de vida de la gente, particularmente de los más necesitados, quienes pusieron los muertos y los mayores sacrificios.

Hace 100 años, las dos terceras partes de los trabajadores laboraban en la agricultura como jornaleros o aparceros, se iniciaba también la modernización industrial y grandes corporaciones económicas y financieras se aposentaban en estados como Veracruz, Puebla y Tlaxcala. Los textileros, azucareros, ferrocarrileros y mineros constituirían la clase obrera que daría las grandes batallas de finales del siglo XIX y principios del XX; luchas que demostraron el hartazgo de los trabajadores ante la explotación que sufrían por empresarios, la mayoría extranjeros: 14 a 15 horas de jornada diaria y labor extenuante, salarios miserables que apenas alcanzaban para comer: 1.10 pesos al día, cuando el kilo de carne de res costaba 0.48 centavos o el de café 0.50; tiendas de raya mediante las cuales los patrones extendían sus ganancias; trato inhumano de capataces y jefes; explotación de mano de obra infantil; ausencia de seguridad social y medidas de protección al trabajo, y, obviamente, represión a toda forma de organización colectiva.

El descontento motivado por estas condiciones fue orientado por los llamados Círculos Obreros. Los trabajadores se reunían por las noches con todos los riesgos, promovían ampliamente como instrumentos de comunicación los periódicos El hijo del Ahuizote, Regeneración, El Paladín, El Colmillo Público y La Revolución Social, mismos que repartían entre obreros que se organizaban clandestinamente; todo un esfuerzo ejemplar para nuestra generación. Reconocían como medio privilegiado de organización el contar con un círculo de estudios, una biblioteca y una caja de ahorros. Esta entrega y lucidez gestó, entre otras, las luchas de Cananea y Río Blanco, así como una amplia red de solidaridad. Junto con los trabajadores del campo y las organizaciones antirreleccionistas lograron que en la nueva Constitución Política se integrara un destacado capítulo social contenido en los artículos 123, 27 y 3.

Cien años después, constatamos que buena parte del artículo 123 se ha convertido en una vieja ilusión. Confirmémoslo en cuatro de sus postulados básicos: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. “Los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos…”. “El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes… así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores…”. “…los obreros tendrán derecho… para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera”.

La comparación entre estos cuatro principios y la realidad es muestra de los resultados de las políticas de los gobiernos. Más de la mitad de la población carece de empleo formal y los trabajos generados son esencialmente precarios y temporales. El salario llega a ser, para la mayoría de la población, incluso menor en proporción al que se percibía 100 años atrás. Con un salario mínimo de 57.46 pesos no se compra ni un kilo de carne de res, a un valor de 80.00, y menos un kilo de café, cuyo promedio es de 90.00. Las condiciones de seguridad e higiene no son respetadas en la mayor parte de los centros de trabajo; recordemos Pasta de Conchos y la guardería ABC. En días recientes, el homicidio industrial cometido contra las trabajadoras de Coppel, en Sinaloa, exhibe el rostro de una forma encubierta de esclavitud que sufren miles de trabajadores y trabajadoras en los grandes centros comerciales y de servicios. Es alarmante que se necesite de este tipo de tragedias para exponer su estado de indefensión.

La libertad de asociación, elemento clave para superar esta postración, también es ficticia. El origen y desarrollo de los sindicatos industriales constituidos desde principios del siglo XX, las grandes centrales y pactos celebrados con posterioridad, contrastan con el vulgar negocio en que se han convertido la mayor parte de los gremios, dedicados a conseguir y administrar contratos de protección patronal; incluso, el inicial arreglo corporativo que trajo consigo algunos beneficios a la clase trabajadora nada tiene que ver con la actual preminencia empresarial en todos los rubros, prueba de ello ha sido el feroz combate del gobierno contra el sindicato minero y la abierta alianza con los grupos Minera México y Peñoles. El régimen policiaco que se vive en Cananea lo dice todo.

Hoy vivimos esquemas similares de explotación a los de hace 100 años, los empresarios mantienen sus exigencias de mano de obra barata y subordinada para invertir. Aquellos que llegaron a extraer los metales preciosos a nuestra tierra dejando pocos beneficios para los pueblos donde se asentaron han regresado. Hoy los trabajadores del campo y la ciudad sobreviven en un escenario de creciente precariedad, con un futuro cada vez más incierto; algunos emigran con la esperanza de superar su pobreza y condición laboral. También hoy, las demandas de justicia, democracia y libertad son el motor que impulsa el movimiento social que se construye cada día.

La historia se repite 100 años después…