a forma en que se ha desarrollado el proyecto de construcción de la Supervía Poniente ha demeritado la vigencia de los derechos humanos en la ciudad de México. El Gobierno del Distrito Federal (GDF) afirma que el sistema de infraestructura vial del sur-poniente de la ciudad enfrenta un severo problema de saturación. Aunque esto es parcialmente cierto, la respuesta oficial es debatible: la construcción de una vía de cuota que realizará y operará no el gobierno de la ciudad, sino una alianza de empresas privadas –OHL y Copri, principalmente– no resuelve la problemática de fondo, pues con supervía o sin ella persistirán los problemas viales, porque la lógica que impulsa este tipo de proyectos es la movilidad de vehículos, mas no la de personas. Ello termina por incentivar el uso del automóvil y la solución pretendida agrava el problema.

Por si esto no bastara para demostrar lo cuestionable del proyecto, los intereses de estas empresas son impugnables, pues OHL ha sido señalada en escándalos de corrupción en España, mientras que Copri ha realizado desarrollos inmobiliarios en Santa Fe, zona que se pretende conectar con el sur de la ciudad mediante la supervía. Con ello queda claro que se privilegian los intereses corporativos por encima de los derechos de los habitantes de la zona. Cualquier intento serio de solución a este conflicto debe partir del respeto integral a los derechos humanos de los habitantes de la Magdalena Contreras y de la ciudad de México.

En términos del interés general, cabe señalar que se afectaría gravemente el derecho de los habitantes de la ciudad de México a contar con un medio ambiente sano. La realización de este megaproyecto comprometería gravemente el equilibrio ecológico debido a que el poniente de la ciudad es uno de los últimos pulmones urbanos y una zona privilegiada de recarga de los mantos acuíferos. El uso de argumentos ecológicos por el GDF para defender el proyecto resulta un contrasentido; enarbolar discursos legítimos para confundir a la ciudadanía y favorecer la realización de intereses personales y de grupo es algo condenable desde un ejercicio ético del quehacer político: las políticas públicas deben estar definidas por el beneficio social, no por intereses mercantiles.

Otro de los derechos que han sido vulnerados es el que tienen las comunidades a ser consultadas sobre proyectos que las afectan. El proceso se ha caracterizado por su opacidad, por la primacía de los intereses particulares y por el autoritarismo. El GDF ha impedido la participación de la ciudadanía en la discusión de este megaproyecto: entregó la obra mediante una concesión directa, carente de transparencia, y no ha rendido cuentas, negando sistemáticamente información sobre la obra; otorgó la concesión a empresas cuyo interés se centra en continuar el desarrollo inmobiliario de una de las áreas de mayor valor económico del país y restringe los beneficios a un sector muy reducido de la población. Mientras tanto, las personas que se oponen al proyecto y aquellas que aceptaron la expropiación de sus viviendas, han sufrido un claro deterioro en su calidad de vida, con lo cual se afecta su derecho a una vida digna.

A ello se suman las aspiraciones públicas del jefe de Gobierno con miras a las elecciones de 2012. El GDF se ha negado reiteradamente a atender las demandas del Frente Amplio contra la Supervía, entre ellas la de debatir públicamente las opciones de movilidad y transportación sustentables; también ha empleado de manera desproporcionada la fuerza pública para reprimir las manifestaciones pacíficas de inconformidad del movimiento civil, con el fin de garantizar los intereses de las empresas y realizar las obras a toda costa, incluso pese a la existencia de procesos judiciales en curso y de procesos de investigación por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Al mismo tiempo que el jefe de Gobierno se dice dispuesto a dialogar, afirma: Lo que no voy a hacer es parar una obra que está en curso; a eso no voy a acceder, no obstante que académicos, especialistas y organizaciones civiles se han pronunciado contra este proyecto. En el informe Supervía a debate: mitos y realidades, discusión en la que el gobierno de la ciudad rechazó participar, se afirma que la obra carece de sustento jurídico, técnico y social para ser realizada, por lo que debe suspenderse de forma inmediata.

En este escenario, la única posibilidad institucional de garantizar la vigencia de los derechos humanos consiste en el establecimiento de las siguientes medidas: 1) La emisión de una recomendación por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 2) La detención de las obras, y 3) La puesta en marcha del mecanismo de interlocución propuesto por el Frente Amplio (integrado por personajes de la vida pública en México).

Detener las obras y acceder a la creación de este mecanismo sería una muestra de altura política y de sensibilidad gubernamental; sería un indicio de que el interés público prevalece sobre cualquier otro. La democracia en la ciudad tiene aquí su prueba de fuego.

* Abogado del Área de Defensa Integral del Centro Prodh