Quince años de la policía comunitaria de Guerrero

La fuerza de la justicia indígena frente al Estado

FOTO: María Teresa Sierra

María Teresa Sierra

Hace ya 15 años, indígenas nu’savi (mixtecos), mee’pha (tlapanecos) y pobladores mestizos de tres municipios de la Costa Montaña de Guerrero, en el suroccidente de México, se organizaron para enfrentar la ola de violencia e inseguridad que azotaba la región provocando homicidios, violaciones, robos y secuestros, ante la mirada impune de las autoridades judiciales.

A partir de una red de vigilancia integrada por vecinos que articuló a varias comunidades, el 15 de octubre de 1995 surgió la Policía Comunitaria de Guerrero, en la comunidad de Santa Cruz del Rincón, la cual recoge la trayectoria organizativa de los pueblos. Desde entonces esta experiencia es un referente obligado del potencial creativo e innovador de los pueblos indígenas en México. En poco tiempo esta organización consiguió reducir significativamente la inseguridad y la violencia, y construir posteriormente un sistema de seguridad y justicia regional con base en su propio derecho, desnudando el racismo estructural y la inoperancia del aparato de justicia estatal.

Hoy en día la Policía Comunitaria está integrada por más de 70 comunidades de 11 municipios que unen la Costa con la Montaña de Guerrero, de Marquelia a Tlapa. A pesar de ser considerada ilegal y de vivir bajo la vigilancia y presión intermitente del Estado, la Comunitaria –como ellos se auto nombran– se ha fortalecido y ha ganado la legitimidad que le dan los pueblos que la integran. Las fuerzas públicas no han podido desarticularla a pesar de intentarlo en varias ocasiones. Los espacios de la justicia y la seguridad comunitaria se convierten así en ejes centrales de la disputa política con el Estado y en referentes clave de la identidad y la dignidad de los pueblos.

En el contexto de la crisis actual del aparato de justicia y de la seguridad nacional que se vive en México, la Policía Comunitaria adquiere una mayor relevancia y es una muestra de la posibilidad de encontrar salidas a la delincuencia, enfrentar la inseguridad y construir apuestas políticas por la paz, cuando se cuenta con la fuerza de lo colectivo y de las identidades culturales.

El 15 de octubre pasado se celebró el aniversario 15 de la Policía Comunitaria en la ciudad mestiza de San Luis Acatlán, Guerrero; los apoyos para la realización del evento y los fuertes aplausos a los policías comunitarios durante el desfile, dieron cuenta del impacto de esta organización en la propia sede del poder caciquil, ya que ha traído la seguridad y la posibilidad de acceder a una justicia no corrupta a los pobladores de la región, no sólo a los indígenas. La nutrida participación de varias organizaciones sociales de diferentes regiones del país, así como de miembros de las distintas comunidades de las tres sedes que integran la Comunitaria, para realizar la celebración y discutir temas referidos a la seguridad alimentaria, la educación, la seguridad y la justicia, la criminalización de la protesta social, el poder popular, los derechos indígenas y los derechos de las mujeres entre otros temas mostraron la importancia que tiene hoy esta policía para los movimientos sociales; los cuales desde la izquierda ven en ella un referente de la dignidad y de la capacidad de los pueblos de construir alternativas de vida y justicia en un contexto nacional donde lo que domina es la guerra y la violación de derechos.

En palabras de Cirino Plácido Valerio, consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), al hacer un balance de estos años: “Son 15 años de lucha por la justicia, la paz; 15 años han servido como una universidad, pero también hemos aprendido de otros movimientos (..) una muestra más que le apostamos a una salida política a todo el desastre económico, social del país, estamos ofreciendo una alternativa, una salida pacífica, no violenta. A pesar que este sistema tiene policía comunitaria (armada), está al servicio del pueblo, donde no se persigue al que piensa diferente, aquí se persigue el delito, muy diferente al Estado que usa el ejército para defender los intereses de un grupo”.

¿Cómo se estructura esta organización y quiénes son los policías comunitarios?; ¿cómo han podido fortalecerse y mantenerse a lo largo de estos años a pesar del asedio continuo de las fuerzas públicas?

El sistema de seguridad y justicia comunitario está conformado por dos grandes estructuras: el aparato de justicia regional bajo la responsabilidad de la CRAC, y el aparato de seguridad comunitaria que articula a los policías por medio de la Comandancia Regional. Se trata de una compleja estructura que ha surgido de la experiencia y necesidad de los pueblos que la integran, en cuya base se encuentran las comunidades y sus instituciones de gobierno y justicia, articuladas en tres sedes de la CRAC: San Luis Acatlán (la matriz) y Espino Blanco y Citlaltépetl.

FOTO: María Teresa Sierra

La justicia comunitaria regional es administrada por los coordinadores regionales siguiendo un debido proceso. Durante el proceso se investiga antes de decidir sobre la culpabilidad del acusado, y se da el tiempo suficiente para dirimir los asuntos, para lo cual se recurre a las indagatorias de los comisarios de las comunidades y al testimonio de los involucrados y sus familias. Se privilegia la búsqueda de los acuerdos y la conciliación y se recurre a la lengua materna de las partes con el fin de que se expresen de la manera más adecuada. Los casos de mayor gravedad que la CRAC no puede resolver son ventilados en asambleas regionales. La última fase del proceso es la reeducación, por la cual los inculpados deben realizar trabajo comunitario. Los detenidos en reeducación van rotando cada 15 días por las comunidades del sistema, que tienen a su vez la obligación de alimentarlos y vigilarlos. El fin último de este proceso es que los infractores puedan reintegrarse a la sociedad, para lo cual reciben consejos de los principales de las comunidades. La CRAC trata todos los delitos que se presentan en su jurisdicción, desde asuntos menores hasta los de mayor gravedad, como las violaciones, los homicidios, los secuestros, etcétera. El proceso de reeducación con trabajo comunitario es sin duda uno de los distintivos de esta experiencia con relación a otros ejemplos de justicia comunitaria e indígena en México y en América Latina. Implica también fuertes compromisos y costos para las comunidades, las cuales están conscientes de la importancia de reeducar y dar una nueva oportunidad a los que caen en “errores”, como ellos señalan.

Por su parte, los policías comunitarios se ocupan de las tareas de vigilancia y seguridad. Son electos en sus comunidades para ocupar el cargo durante un año de manera gratuita y se articulan a la red de policías del territorio comunitario coordinada por los comandantes regionales y locales. Su conocimiento de las veredas hace que puedan desplazarse hábilmente por los caminos y en poco tiempo recorrer una amplia región en busca de delincuentes. Se entiende que la comunitaria no surge para confrontar al Estado sino para garantizar la paz en su territorio. Actualmente son alrededor de 800 policías. Los policías están armados, portan escopetas de bajo calibre, de uno o dos tiros. Las armas de la policía comunitaria están registradas ante el ejército (48 Batallón de Infantería), una decisión que fue tomada desde el inicio de la organización. Hasta la fecha no se tiene ningún registro de una persona herida por tiros de algún policía, lo que en sí es un importante logro y da cuenta del papel de los policías y del control comunitario.

Varios son los límites que enfrentan los comunitarios en sus prácticas de justicia, tanto en el ámbito de su jurisdicción como en relación con el Estado: en especial el tema de los derechos humanos –preocupación de los mismos comunitarios–, la escasez de recursos para sostener el sistema, y la problemática de las mujeres. Si bien muchos casos revelan sesgos e inconsistencias en la práctica de la justicia, especialmente desde una visión de género, es un hecho que la justicia comunitaria impartida por la CRAC cristaliza un gran esfuerzo colectivo de los pueblos que les ha abierto la posibilidad de acceder a la justicia desde sus propios marcos culturales y bajo su control, demostrando que éstos resultan mucho más adecuados para dar salida a la conflictividad local y regional.

En suma, es sobre todo el tejido social que han construido los hombres y las mujeres de la Policía Comunitaria lo que ha permitido mantener a la institución y sobrevivir a las continuas agresiones y tensiones que enfrentan por parte del Estado. Se tienen muy frescos los recuerdos de diferentes momentos como cuando el ejército rodeó las calles de las oficinas de la CRAC en San Luis para presionarlos; o cuando se impuso un ultimátum para desarmar a la policía comunitaria en 2002; o las innumerables órdenes de aprehensión que pesan sobre quienes han sido autoridades de la CRAC y de la policía comunitaria acusados por violación ilegal de la libertad, así como diversos amparos que se les instruye, entre muchos otros actos de intimidación, a los cuales han resistido con el apoyo de sus comunidades y el aplomo de sus dirigentes. También son muchas las presiones desde el gobierno para municipalizar la policía y fragmentar a la organización con el supuesto fin de legalizarla. No obstante, los comunitarios no están dispuestos a someterse a una legalidad que busca fragmentarlos y subordinarlos; por eso suelen plantear que “no quieren el reconocimiento sino el respeto”. En el momento actual de crisis de gobernabilidad, de incremento exponencial de la inseguridad y la violencia en México, instituciones como la policía comunitaria son vistas con gran reserva por los gobernantes: por una parte hacen ver la fragilidad del Estado y de su legalidad, y por otra parte evidencian que el Estado no tiene la capacidad de reconocer públicamente los aportes de esta institución al orden social, al revelar la impunidad del poder instituido y hacer ver que es posible otra manera de hacer justicia y de garantizar la seguridad pública fuera del marco estatal.

El ejercicio del gobierno y de la justicia de la Policía Comunitaria pone en jaque a la soberanía del Estado al disputar el control territorial del orden social. Lo hace con eficacia y desde sus propios marcos culturales. Paradójicamente, con estas acciones los Comunitarios ayudan a construir orden social y con ello Estado, y ofrecen la oportunidad de generar una gobernabilidad desde abajo. Nuevamente son los excluidos de la modernidad occidental quienes están mostrando, desde los márgenes, que son capaces de construir modelos de sociedad más justos y democráticos, al mismo tiempo que desnudan el proyecto globalizador neoliberal que pretende desarticularlos para regularlos e impedir su fuerza contestataria.

Profesora Investigadora del CIESAS-México