La iniciativa del presidente Felipe Calderón, en la que se plantea sumar militares de servicio al combate al narcotráfico, tiene el propósito de arropar legalmente al Ejército en labores que no son directamente de su competencia, como es la seguridad pública y el combate al narcotráfico, afirmaron fuentes castrenses.

Explicaron que de los 206 mil soldados que hay en activo, aproximadamente 60 por ciento son personal operativo y 40 por ciento –que se sumarían a labores de seguridad– no están familiarizados ni actualizados en el uso de armas.

Además, en caso de que se aprobara la iniciativa, se dan las condiciones para que por primera vez las mujeres sean ubicadas en la primera línea en la lucha contra el crimen organizado.

Hasta la fecha, ninguna mujer militar forma parte de la carrera de las armas; todas pertenecen a servicios y administración. Aunque hay varias que ingresaron al Heroico Colegio Militar y a la Escuela del Aire, pero aún no terminan sus estudios.

De acuerdo con el Atlas comparativo de la defensa de América Latina 2010, editado por la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, de los 206 mil 13 soldados del Ejército y la Fuerza Aérea, las mujeres representan 4.97 por ciento, es decir, 10 mil 234. De ellas, 3 mil 217 son oficiales y 7 mil 17 suboficiales y de tropa.

Acerca de la propuesta de reformar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, que faculta al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a reclasificar al personal de servicios a la clase de armas, cuando por la urgencia no tenga el tiempo suficiente para agotar el proceso de selección, los informantes señalaron que deja de manifiesto que el secretario, general Guillermo Galván Galván, busca proteger legalmente a los militares que participen en funciones de seguridad pública que no son de su competencia.

Explicaron que incluso no es necesario reformar la ley para que el personal de servicio participe en operativos anticrimen.

“La legislación actual me faculta a enviar a cualquier militar encuadrado en mi unidad para que vaya a un operativo; la única salvedad es que hayan tomado el curso básico de uso de armamento”, comentaron los informantes.

Precisaron que no es igual que un comandante adopte una decisión de ese tipo mediante una directiva propia, a que sea producto de un acuerdo del general secretario.

Lo que es un hecho, apuntaron las fuentes consultadas, es que en caso de que se apruebe la iniciativa las fuerzas armadas incrementarían su capacidad operativa sustancialmente, con una parte del 40 por ciento de personal que en la actualidad no realiza labores operativas.

De acuerdo con cifras oficiales recientes, en promedio, más de 95 mil soldados participan en el combate al crimen organizado, es decir, menos de 50 por ciento de los militares toman parte en la destrucción de plantíos ilícitos y en operativos anticrimen.

Los entrevistados comentaron que una de las razones de la iniciativa parte de la necesidad de contar con ciento por ciento del personal especializado y adiestrado para realizar funciones operativas, lo que podría darse con la nueva legislación.

Manifestaron que parte importante del personal operativo realiza funciones de guardia y custodia de instalaciones castrenses, cuando es necesaria su participación directa en las acciones contra la delincuencia.

Con la nueva disposición, agregaron, las guardias de seguridad en cuarteles e instalaciones militares pueden realizarlas los soldados de servicio, y así el personal especializado no se distraería en esas labores.