El asesinato de dos jóvenes en Jalpa de Méndez, Tabasco, por efectivos militares, luego de que supuestamente evadieron un retén, es una muestra más de la violencia indiscriminada que los soldados han dirigido contra la población civil, en el contexto de la llamada guerra contra el crimen organizado, sostuvieron activistas de derechos humanos, y agregaron que el ciclo de agresiones e impunidad se repite cada vez con más frecuencia en el país.

Humberto Guerrero, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que en el asesinato de Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román se presentan muchas características de ese patrón de violencia de las fuerzas castrenses, como el uso excesivo de armas; el encubrimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional al decir que los muchachos asesinados abrieron fuego primero; la alteración del escenario del crimen, al sembrar armas, y el hermetismo del Ejército.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó que lo ocurrido en Jalpa de Méndez demuestra que la estrategia anticrimen del Ejecutivo federal no ha dado resultados, porque el tráfico de drogas no ha cesado y, en cambio, la violencia contra civiles va en aumento. Nos preocupan los abusos de las fuerzas de seguridad contra la población. Hay que dejar bien claro que se trata de violaciones graves a los derechos humanos que van a ser juzgadas por organismos militares.

Por otra parte, Ardelio Vargas Fosado, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, señaló que a la expansión de la violencia le sigue la presencia del Ejército en las calles; esto garantiza a los mexicanos que hay una institución en el país que puede hacer frente a este fenómeno.

Las actividades de las fuerzas armadas en las calles obedecen a que “las instancias de seguridad pública están rebasadas totalmente. Es lamentable que policías municipales, en algunos casos, formen parte de las plataformas de impunidad. Y las corporaciones estatales no tienen capacidad para hacer frente a las organizaciones criminales.

Entonces, quiero saber, ¿cuál es la instancia del Estado mexicano que va a enfrentar al crimen organizado para contenerlo, proceder a la reversión y volver a un estado de gobernabilidad democrática como al que aspiramos todos los mexicanos? Quiero que pregunten a la gente de Tamaulipas, ¿qué piensa? A la de Nuevo León, a la de La Laguna. En Sonora también tenemos casos complejos; Sinaloa, por supuesto, y Guerrero y Michoacán. Buena parte del país tiene problemas con la seguridad. Entonces, creo que es la demanda número uno y como tal debe ser atendida.