La extradición de Sandra Ávila Beltrán, La reina del Pacífico, a Estados Unidos tendrá que esperar varios meses debido a que este miércoles el juzgado décimo tercero de distrito concedió a la mujer una suspensión definitiva en vía de amparo que le garantiza no ser enviada a ese país hasta que concluya el juicio de garantías que litiga contra la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en el que plantea que en su caso hubo violaciones constitucionales y de legalidad.

El litigio puede ser resuelto, en última instancia, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que prolongaría el juicio hasta finales de 2011.

Otros juicios de amparo tramitados por narcotraficantes contra autorizaciones similares de la SRE han tardado hasta 14 meses en resolverse de manera definitiva, y la mayoría de los quejosos han perdido las demandas.

El caso más reciente fue el de Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, quien con una suspensión definitiva similar a la que obtuvo ayer La reina del Pacífico logró frenar su extradición dos años, aunque tras el largo litigio no consiguió evitar que las autoridades lo enviaran a Estados Unidos.

La resolución del juzgado décimo tercero de distrito de amparo en materia penal de la ciudad de México –que puede consultarse en la lista de acuerdos de ese órgano jurisdiccional–, refiere que bajo el expediente 1103/2010, se concede a Sandra Ávila Beltrán la suspensión definitiva que solicitó contra actuaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El pasado 29 de octubre, la SRE determinó que Ávila Beltrán (detenida en México en septiembre de 2007) debe ser extraditada a Estados Unidos, pese a que dos jueces se pronunciaron previamente contra la entrega de la acusada, pues consideraron que la solicitud de las autoridades estadunidenses no se ajusta a la ley de extradición internacional ni al tratado en la materia firmado entre ambos países.

Los fiscales de Estados Unidos presentaron como prueba, ante un juez federal de ese país, una conversación telefónica interceptada al colombiano Manuel López Correa, en la que éste platica sobre un adeudo que tenía por cien kilos de cocaína colocados en Chicago. Supuestamente sus interlocutores son Juan Diego Espinoza, El Tigre, y la pareja sentimental de éste, a la que sólo se identifica en la llamada con el alias de La reina (Ávila Beltrán).

Esa prueba también fue utilizada por los fiscales mexicanos para obtener la orden de aprehensión con la cual se consiguió arrestar a Ávila Beltrán en el Distrito Federal.

Cuando la solicitud de extradición estuvo en manos del juez décimo octavo de distrito del Reclusorio Norte, Fernando Córdova, éste opinó que la presunta narcotraficante no debía ser extraditada, porque existía duda fundada de que ella fuera la mujer a la que en verdad perseguían las autoridades estadunidenses.

La decisión del juzgado, emitida el 12 de enero pasado, se basó en un dictamen pericial que se realizó al audio, el cual concluyó que la voz de la conversación no correspondía con la de La reina del Pacífico.

En respuesta, las autoridades estadunidenses integraron otro expediente y reiteraron la solicitud de extraditar a Ávila Beltrán.

La nueva petición de Washington pasó a estudio de la titular del juzgado quinto de distrito del Reclusorio Oriente, Olga Sánchez Contreras, quien también opinó en contra de la extradición, debido a que en sus conclusiones señaló que la voz en esa llamada no corresponde a la de Ávila Beltrán.