La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó ayer la discusión de la controversia constitucional que interpuso el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, en la que impugna una reforma de 2007 a la Ley de Coordinación Fiscal que resultó en la reducción de fondos federales para la ciudad de México.

En la sesión del pleno, los ministros únicamente resolvieron que entre las facultades del Congreso de la Unión está legislar sobre coordinación fiscal, pero los puntos más importantes de la demanda, entre ellos determinar si el Poder Legislativo tiene facultades para no consultar a los estados integrantes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal antes de cambiar las fórmulas para el reparto, y la falta de proporcionalidad y equidad en la distribución de recursos que deriva de dichas fórmulas, se determinará en la sesión del próximo jueves.

El principal elemento de la coordinación fiscal consiste en que la Federación por un lado ofrece, vía participaciones, mayores ingresos a estados y municipios, a cambio de derogar o suspender sus propias fuentes de tributación, o atenerse a las consecuencias. Es decir, enfrentarse a la imposición de los tributos de la Federación, a los que se adicionarían los gravámenes estatales y municipales, por lo que los habitantes de un estado no coordinado sufrirían de una doble o triple tributación y de desventajas competitivas en materia fiscal en relación con el resto de las entidades.

La controversia constitucional fue presentada a principios de 2008.