La Procuraduría General de la República (PGR) pretende recabar entre 100 y 200 informes ciudadanos sobre la existencia de bienes muebles e inmuebles usados por integrantes del crimen organizado, durante las primeras dos semanas en que se aplique el programa de recompensas hasta de 25 por ciento del valor pericial de recursos, bienes o negocios que tengan origen en operaciones con dinero de procedencia ilícita.

De acuerdo con funcionarios de la PGR consultados ayer por La Jornada, una vez que la dependencia concluya y publique en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que incluirá las bases para otorgar las recompensas, se prevé gran participación de los pobladores que son vecinos de alguna finca, casa, departamento, almacén o negocio en el país donde es secreto a voces que son utilizadas por la delincuencia como parte del lavado de dinero.

Desde enero de 2009 Colombia aplica el modelo en que trabaja actualmente la PGR para ofrecer las recompensas.

Un funcionario de la procuraduría indicó que en Colombia, durante los primeros tres días de la aplicación del programa, se acercaron al menos 250 personas a proporcionar información sobre casas de seguridad, automóviles, aeronaves, caletas repletas de dinero en efectivo y fincas utilizadas por narcotraficantes.

A partir del 14 de enero de 2009 el gobierno colombiano modificó el sistema de recompensas para que quienes entreguen datos que lleven al decomiso de bienes muebles o inmuebles por valor inferior a 500 millones de pesos sobre bienes de las captadoras ilegales reciban recompensa hasta de 10 por ciento del valor.

Si el avalúo de la propiedad supera 500 millones de pesos, la recompensa será de 5 por ciento del precio.

La motivación del gobierno colombiano para modificar el decreto 4705, en el que se establecía un beneficio máximo de 25 millones de pesos en todos los casos de decomiso de bienes derivada de datos proporcionados por la ciudadanía, fue la falta de información valiosa. Con el primero sólo se acercaron a la oficina de las Supersociedades menos de 50 personas a entregar datos en 2008.

Cuando se modificó el decreto colombiano y se incrementó el monto de las recompensas, la participación de los informantes se elevó a grado tal que sólo los primeros tres días se recibieron 250 informaciones, indicó un funcionario de la PGR, quien expresó que el sistema de recompensas mexicano es una copia del colombiano.

A partir de las denuncias ciudadanas la información será verificada por la Secretaría de Hacienda y la PGR para conocer el origen de recursos o presuntos narconegocios, añadió.