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Se sospecha que José Tohá fue asesinado por agentes de Pinochet

Corte chilena ordena exhumar restos de ex ministro de Allende

La dictadura siempre insistió en la versión de que el funcionario se suicidó

Corresponsal y agencias
Periódico La Jornada
Martes 16 de noviembre de 2010, p. 26

Santiago, 15 de noviembre. La justicia chilena ordenó exhumar los restos de José Tohá González, ex ministro de Interior y Defensa del derrocado presidente chileno Salvador Allende (1970-1973), bajo sospecha de que fue asesinado por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en 1974, como presumen familiares y peritos.

La decisión tomada por la corte de apelaciones de Santiago propuso la exhumación del cadáver, así como la reconstrucción del escenario de la muerte de quien fue también socio minoritario del desaparecido vespertino Última Hora.

El 15 de marzo de 1974 Tohá González fue encontrado sin vida, con un cinturón alrededor del cuello y colgado de una barra dentro de un bajo ropero, en la habitación 303 del Hospital Militar de Santiago.

Tohá González estaba internado en el hospital debido a las torturas que había recibido en la Academia de la Guerra Aérea después de un periodo detenido en la isla Dawson.

A pesar de la notoria altura de Tohá González y las incongruencias señaladas por peritos, así como de que la autopsia no fue realizada por el Servicio Médico Legal, como indicaba la ley, la dictadura siempre insistió en la versión del suicidio por ahorcamiento.

No obstante, la familia reparó en que el ex ministro estaba débil y las torturas habían limitado su movilidad, por lo consideraron que fue asesinado.

Entonces, esta versión fue ratificada por el médico criminalista de la Policía de Investigaciones, Alfonso Chelén, quien realizó la autopsia en 1974 en el Hospital Militar de Santiago y fue despedido por denunciar el homicidio.

Chelén ratificó que Tohá González falleció por estrangu- lamiento con participación de terceros y no por suicidio por ahorcamiento.

No lo alimentaban, estaba en un estado de desnutrición avanzado. No hubiera podido suicidarse, refirió Chelén a Radio Cooperativa este lunes. Añadió que había huellas de estrangulamiento previas a la maniobra de haberlo colgado ahí y aparentar el suicidio. Se tomaron fotos del surco completo del cuello y esas fotos las hicieron desapare- cer después los militares, quienes estaban ahí, interviniendo en la investigación.

Su informe coincide con uno más reciente del médico forense Luis Ravanal, basado en un estudio de la autopsia de Tohá González, quien determinó su muerte por asfixia por estrangulamiento manual de naturaleza homicida.

Carolina Tohá, hija de Tohá González y actual presidenta del Partido por la Democracia, sostuvo el lunes que la exhumación (de los restos de su padre) es muy importante para el futuro de la investigación. Creemos que puede ser muy útil, junto a la reconstrucción de la escena, para aclarar realmente las condiciones, los hechos que provocaron la muerte de mi padre. Añadió que hay muchos elementos contundentes que demuestran que la versión oficial del suicidio es falsa y fue un homicidio. Como familia necesitamos saber quiénes son los responsables. Esperamos ahora tener acceso a nuevos testigos que nos ayuden a esclarecer la verdad.

Según la explicación de los peritos a Nelson Caucoto, abogado de la familia Tohá, el hecho de que el cuello de Tohá González tenga un surco completo es muestra de que fue estrangulado con un lazo. De haber sido con el cinturón, hubiera quedado la marca de la hebilla.

Unas 3 mil personas murieron o desaparecieron durante la dictadura de Augusto Pinochet y 50 mil fueron víctimas de flagelos incluidos niños, según informes oficiales.

Las causas por violaciones a los derechos humanos enfrentan un escenario cada vez más complejo en Chile, con múltiples fallos que dejan en libertad a represores, según los abogados de las víctimas.

Hasta la fecha, 560 militares son procesados por esos crímenes; sin embargo, de los 200 condenados en los últimos 15 años, únicamente 65 se encuentran presos. Los demás recibieron penas remitidas en virtud de leyes ordinarias de prescripción de los delitos.

De los 110 ex uniformados condenados en los últimos tres años, actualmente sólo 22 cumplen penas efectivas, según cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.