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Desafortunado, suponer que todos los problemas nacionales pasan por la judicatura

Cossío cuestiona el proceder de notarios, legisladores, empresarios y banqueros

La ministra Margarita Luna Ramos descarta competir por la presidencia de la Suprema Corte

Enviado
Periódico La Jornada
Sábado 13 de noviembre de 2010, p. 7

Ixtapan de la Sal, Méx., 12 de noviembre. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío Díaz señaló que a los jueces ya les está cayendo el veinte sobre el nivel de insatisfacción de la sociedad en el sistema de justicia, pero aseveró que las dificultades que enfrenta el país son tan graves, que es verdaderamente desafortunado suponer que todos los problemas pasan por la judicatura.

Entrevistado al término de la ceremonia de clausura de la quinta asamblea ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), Cossío cuestionó la falta de compromiso de legisladores, empresarios y banqueros para superar la situación que vive la nación.

“A todo el país nos tiene que caer el veinte de que estamos viviendo en una situación muy complicada. Yo creo que los políticos tienen que presentar las iniciativas de ley que siguen sin presentar; por ejemplo, la de jueces de ejecución; (en cuanto a) la ley de amparo, yo no sé a qué se deba, pero este es un tema que me parece incomprensible que, habiéndola aprobado ya la Cámara de Diputados y la de Senadores en comisiones, sigamos sin tener una ley de amparo.

Me parece que los notarios tienen que documentar todas las operaciones que hacen y no aceptar operaciones en efectivo. Me parece que los empresarios también debieran controlar a muchos de sus compañeros que puedan estar en actividades (irregulares). Me parece que la banca tiene que regular más las operaciones.

Cossío prácticamente resumió el sentir de los juzgadores participantes en este encuentro de la AMIJ, el cual no quedó plasmado en las conclusiones de los trabajos.

No creo que este sea un trabajo exclusivo de los jueces, subrayó; la sociedad debiera darse cuenta de la magnitud del problema que tenemos enfrente y eso enfrentarlo entre todos.

Cossío se refirió al estudio de opinión sobre la satisfacción de los usuarios de los servicios de justicia ofrecidos en México, realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el cual reveló que la mayoría de la población no confía en los jueces.

Al respecto, comentó que precisamente encuentros como este, en los que se pone énfasis en la capacitación de los jueces y en el mejoramiento de las herramientas análiticas con las que trabajan los juzgados, entre otros temas, habla de la intención de los juzgadores de mejorar su misión.

La carta de derechos y obligaciones de los usuarios que comenzará a circular el próximo año también contribuirá a esa labor. A los jueces no nos queda otro remedio que mejorar el trabajo que estamos haciendo.

La ministra Margarita Luna Ramos descartó –al igual que lo hizo Cossío hace unas semanas– contender por la presidencia de la SCJN, cargo que se definirá el 3 de enero próximo.

En breve entrevista, expresó: nunca voy a presentar una candidatura, y añadió que el género es lo de menos, lo que importa es la persona.

Conclusiones de los trabajos

Entre las conclusiones más importantes del encuentro, destaca la postura de autoridades comiciales de las entidades federativas, que se pronunciaron en contra de la iniciativa de reforma presentada en marzo pasado en el Senado que plantea desaparecer los tribunales electorales estatales permanentes.

La justicia electoral debe fortalecerse con el impulso de su autonomía, permanencia e independencia, además de que se debe garantizar la autonomía presupuestaria, de gestión y jurisdicción, señalaron.

También se hicieron tibios pronunciamientos para pedir mayores recursos para los tribunales estatales y a escala federal.

En materia penal, hubo un señalamiento particular para replicar a nivel nacional, la impartición de cursos para jueces de ejecución de sentencias, tomando en cuenta que el 19 de junio de 2011 vence el plazo para la entrada en vigor del nuevo sistema de reinserción social de los detenidos.