La fracción del PRI en el Senado demandó al presidente Felipe Calderón actuar de inmediato para salvar a Pemex del dominio del crimen organizado, toda vez que grupos de delincuentes se dedican a secuestrar y extorsionar a directivos y trabajadores de la paraestatal en varias partes del país.

El senador priísta Adolfo Toledo Infanzón dijo que ya no sólo se trata de la cuenca de Burgos y de las instalaciones ubicadas en el norte, sino también en el sureste del país, donde se han denunciado más de 40 secuestros de petroleros en Tabasco y Chiapas, muchos de ellos perpetrados por Los Zetas.

Igualmente, el senador panista José Julián Sacramento sostuvo que la cuenca de Burgos, ubicada en su mayor parte en Tamaulipas, está paralizada por la inseguridad y ya no hay trabajos ahí porque la delincuencia organizada no permite el paso al personal de Pemex que no se deja extorsionar.

Toledo Infanzón comentó que en su bancada están muy preocupados, ya que cada vez son mayores las acciones de grupos armados que ponen en riesgo la vida de los trabajadores de Pemex y de la actividad petrolera en el país, que es la principal fuente de recursos para la Federación.

Expuso que de acuerdo con cifras de Pemex, en los momentos más álgidos del problema se dejaron de producir 200 millones de pies cúbicos de gas, y luego de la intervención del Ejército para resguardar la cuenca de Burgos las pérdidas han disminuido, pero representan uno por ciento de la producción nacional de ese hidrocarburo, unos 160 mil dólares diarios.

Hizo notar que un ejemplo del riesgo que hay en la zona de Burgos es el ataque de un comando armado que intentó emboscar a los militares que vigilaban el camino de acceso al pozo de Pemex Arcos 45, ubicado en la cercanía de Ciudad Mier.

Los ataques de la delincuencia organizada a instalaciones de la paraestatal en Tamaulipas datan de meses atrás y la situación, lejos de mejorar, pareciera que se agrava. Recordó que desde el pasado mes de junio, a propuesta de la fracción priísta se pidió a Pemex un informe de la injerencia del crimen organizado en la cuenca de Burgos, sobre todo en el pozo denominado Gigante uno.

El senador panista Sacramento dijo que la realidad es que en Tamaulipas no se puede trabajar ni vivir y las instalaciones de Pemex no son la excepción. Incluso, dijo, los alcaldes de los municipios fronterizos como Guerrero, Nuevo Guerrero, Camargo, Mier, Ciudad Alemán, Reynosa, Río Bravo y Matamoros, viven en Estados Unidos.

En el sureste Pemex también es blanco del crimen organizado, sobre todo en Tabasco y Chiapas, donde funcionarios y trabajadores petroleros han sido secuestrados en los pasados tres meses por varias bandas organizadas, “una de ellas presuntamente integrada por miembros de Los Zetas a la que se responsabiliza de 90 por ciento de los plagios.

Se tiene información de siete petroleros secuestrados en Tabasco y 30 en Chiapas, algunos otros han sido liberados luego del pago de fuertes rescates, pero viven amedrantados por la terrible experiencia. Decenas más de funcionarios de Pemex han sido amenazados de muerte, por lo que viven en la inestabilidad y con miedo de denunciar lo que pasa.

El senador Toledo precisó que en la sesión del martes próximo presentarán un punto de acuerdo ante el pleno, a fin de pedir al gobierno federal que despliegue las acciones pertinentes para proteger a Pemex y su personal.