n el contexto de su 140 periodo de sesiones en Washington, diversas organizaciones civiles mexicanas de derechos humanos hicieron acto de presencia –a finales de octubre– en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el propósito de participar en reuniones de trabajo y asistir a audiencias temáticas. Los asuntos que se expusieron fueron muy diversos, pues la CIDH es, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los organismos encargados de vigilar el cumplimiento y respeto de las garantías fundamentales en el continente, y fue durante esos periodos de sesiones cuando las organizaciones plantearon de manera directa las problemáticas que tienen lugar en sus países.

A continuación señalamos los nombres y el contenido de las audiencias en que participaron. Situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, en la que se llevó a cabo un análisis del gravísimo contexto en que se desarrolla la labor de estos actores sociales en la región. El derecho a la consulta y participación en asuntos de interés público en México, en la que se expusieron casos con un común denominador: la puesta en marcha de grandes proyectos de desarrollo sin consulta previa a las comunidades afectadas, tal y como establece la normatividad nacional e internacional. Se presentaron casos como el de la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla el Alto, en Jalisco, que amenaza a la comunidad Wixarika, al afectar la integridad de sus ancestrales tierras y toda una región de la Sierra Madre Occidental; el de la autopista Lerma-Tres Marías, en el estado de México, en el que la afectada es la comunidad indígena de San Mateo Texcalyac, o el de la presa La Parota, a 30 kilómetros de Acapulco, en el que los habitantes de la región se oponen a la construcción de una hidroeléctrica. Casos en los que se ha favorecido a intereses económicos poderosos, lejos de respetar las obligaciones internacionales de consulta y participación de las personas y comunidades afectadas.

Otra audiencia especial tuvo también relación con el tema de activistas de derechos humanos. Versó sobre el proceso de creación de un mecanismo nacional de protección de defensores y defensoras de derechos humanos en México, en la que la temática no fue ya el contexto de la grave situación en la que viven, sino cómo impulsar los compromisos que el gobierno hizo tiempo atrás para instituir un mecanismo que dé respuestas rápidas y efectivas a las cada vez más numerosas denuncias de los defensores de las garantías individuales, que ven amenazado no sólo su trabajo, sino también su integridad frente a diversas agresiones, las cuales no deben imputarse al serio problema de seguridad que se vive en el país, sin negar que esto es algo que ha agravado la situación.

Un mecanismo de este tipo tiene que ser elaborado en conjunto con las personas afectadas, es decir, las y los defensores de derechos humanos, y debe contar con un marco legal que obligue a las autoridades responsables a darle cumplimiento, dotarlo de facultades suficientes y le asegure un presupuesto adecuado para hacer frente a los requerimientos que implica el garantizar su seguridad. Este tema se relacionó estrechamente con el de otra audiencia que también se dio en el contexto de este periodo de sesiones, y que tiene que ver con la libertad de expresión, en el que otro conjunto de organizaciones presentaron Los 40 principios para garantizar la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual. Un tema nada menor, considerando el poder de los medios de comunicación, su enorme influencia, la urgente necesidad de que sean plurales y democráticos y, sobre todo, los intereses económicos que giran alrededor de ellos, a propósito del cambio del sistema analógico al digital.

El gobierno mexicano también estuvo presente, comprometiéndose en algunos asuntos a tener avances en la materia y, lamentablemente, negando en otros la problemática, invocando políticas públicas bastante cuestionadas, como si fueran una solución real. En su comunicado final sobre el periodo, emitido el 5 de noviembre, la CIDH afirmó: La comisión manifiesta su preocupación por la situación de derechos humanos en México, particularmente por los hechos graves de violencia ocurridos en los últimos meses, incluyendo asesinatos y secuestros, lo cual afecta especialmente a los migrantes, así como por la persistencia de la violencia contra las mujeres, que incluye torturas, violaciones y otras formas de agresión sexual y doméstica, y la situación de impunidad generalizada que rodea estos casos. La CIDH hará un seguimiento especial a la situación en México.

Ante la denuncia que se hiciera de los comentarios del anterior titular de la Secretaría de Gobernación (Fernando Gómez Mont), en los que calificó de tontos útiles de la delincuencia a los defensores de derechos humanos, en un párrafo posterior la CIDH se refirió a la información alarmante sobre la persistencia de asesinatos, hostigamiento y amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos, así como sobre la continuidad de la práctica de las autoridades estatales de utilizar expresiones que tienden a deslegitimar la labor de las organizaciones defensoras de dichas garantías.

No es de extrañar entonces que no se haya puesto en marcha un mecanismo para protegerlos. Sin embargo, debemos seguir presionando y exigir una respuesta cabal y positiva del Estado.