i algo distingue los usos de la historia que caracterizan al régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el siglo XX es la convicción de que el pasado nacional es patrimonio casi exclusivo del Estado y del orden único que lo representa. Las prácticas y los rituales que codifican ese monopolio empiezan a confeccionarse desde los años 20, y adquirirán dimensiones espectaculares y cada vez más estrafalarias en la misma proporción en que el partido que se asume como único heredero de la Revolución va observando cómo decae su hegemonía gradualmente en los años 89 y 90.

Estas prácticas comienzan en la homologación entre el pasado revolucionario y la legitimación de un poder que ha suprimido toda forma de pluralismo político, y se consolidan en la transformación las representaciones de la historia en una gigantesca fábrica de símbolos y códigos que reducen las interpretaciones no oficiales a una suerte de comentarios al margen del imaginario nacional.

Millones de libros de texto únicos, que se distribuyen año con año gratuitamente en las escuelas primaras, contienen un mensaje gradualmente unívoco: el saldo natural de la Revolución fue la constitución de un partido único que gobernó el país infaliblemente en su nombre y recicló cada uno de sus sexenios como un telos patrio y nacional.

A la ocupación de las conciencias escolares se agregan los museos, los desfiles, las celebraciones y las cruzadas culturales que hacen de la historia un territorio que sólo admite una sola verdad y una sola interpretación. El PRI fundará el absolutismo político que lo definió al larguísimo predominio en una suerte de absolutismo histórico.

Entre los rituales que codificaron este alineamiento se encuentra el desfile anual que conmemora la Revolución Mexicana desde los años 20. El festejo del Día de la Revolución tiene su propia historia. Pero lo esencial en ella es que convertirá la nueva ideología oficial de los caudillos sooerenses en un performance público de gestas históricas y héroes patrios. Lo peculiar de esa celebración es que ya desde sus primeros años, el 20 de noviembre se transformará gradualmente de un desfile que quiere entronizar a las fuerzas armadas que ha producido el conflicto revolucionario en un espectáculo destinado a desmilitarizar la relación entre el violento pasado de la Revolución y sus gobiernos herederos.

Esa simbólica desmilitarización transcurre por la sustitución del desfile militar de las primeras celebraciones por otro muy distinto, que consiste en ocupar las calles de la ciudad con todo tipo de contingentes deportivos, representaciones sindicales y emblemas étnicos y regionales.

Si al antiguo 20 de noviembre se le recuerda por sus bastoneras, acróbatas, carruajes de fortachones y clavadistas, y por sus interminables formaciones de gimnastas súbitas y vacilantes, es porque desde los años 40 el Estado mismo muestra una tendencia a separar relativamente al poder ejecutivo del poder militar, uno de los más preciados saldos políticos e institucionales de la Revolución.

En rigor, el anuncio de que el 20 de noviembre en 2010 será, de nuevo, un teatro ocupado por un desfile militar podría ser leído como síntoma de involución: el retorno del poder castrense a escenas y escenarios de los cuales ya había sido removido por el propio y accidentado proceso en que la Revolución produjo sus formas institucionales estables.

Lo lastimoso es que ahí donde la esfera pública había sido desmilitarizada por un poder autoritario, ahora sea remilitarizada por uno que supuestamente proviniere de un consenso democrático.