La Comisión de Mediación (Comed) entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal informó ayer que, de acuerdo con investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez sí sufrieron desaparición forzada a manos de agentes de seguridad del estado de Oaxaca.

En conferencia de prensa, los miembros de la Comed dieron a conocer el documento que la CNDH les dirigió el pasado 5 de octubre, en el que profundiza las conclusiones a las que había llegado en su recomendación 07/2009, referente a Amaya y Cruz, ambos reconocidos por el EPR como sus compañeros el 14 de junio de este año.

De acuerdo con el texto citado, las dos personas fueron detenidas por agentes de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca entre el 24 y el 25 de mayo de 2007, y trasladadas a la sede de dicho organismo. Desde entonces, no se ha sabido de ellas.

Luego de llevar a cabo una investigación al respecto, la CNDH –que denunció la obstaculización de sus indagatorias– afirmó que ha cobrado mayor certeza jurídica la presunción de que ambos hombres sufrieron el delito de desaparición forzada.

Por tal motivo, detalló José Enrique González Ruiz, la Comed llamó al gobierno a reparar el daño a los familiares de Amaya y Cruz, y a asumir las recomendaciones de la CNDH, en el sentido de continuar la búsqueda de los activistas. Pero ni durante las pesquisas ni después de ellas ha mostrado ninguna voluntad política de cumplir.

El grupo de mediadores, añadió el académico, está analizando la posibilidad de reunirse con el gobernador electo de Oaxaca, Gabino Cué, para instarlo a colaborar en la resolución de este caso, ya que el mandatario saliente, Ulises Ruiz, se negó a hacerlo.

Por su parte, Gilberto López y Rivas, quien calificó la desaparición de ambos como un nuevo crimen de Estado, señaló que las acusaciones están dirigidas contra los organismos de seguridad de Oaxaca, sin importar si algún funcionario está a punto de dejar su cargo, y responsabilizó al gobierno federal si el EPR decide romper la tregua que declaró en 2008.

Este es un caso paradigmático que muestra la nula voluntad política del gobierno. La Secretaría de Gobernación dice querer resolver el problema, pero en los hechos niega cualquier posibilidad de hacerlo, denunció.

Miguel Álvarez, también integrante de la Comed, afirmó que a pesar de la falta de cooperación de las autoridades, llegar a la conclusión oficial –respaldada por la investigación de la CNDH– de que sí se configuró el delito de desaparición forzada, ya representa un avance, que en el futuro puede ser útil para insistir en la resolución del caso y el castigo a los culpables.