l 15 de octubre de este año se llevó a cabo en San Luis Acatlán, Guerrero, el Encuentro Nacional por la Justicia y Seguridad de los Pueblos, en ocasión del 15 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). Documento conclusivo de esta reunión es el pronunciamiento conjunto suscrito por los representantes de las organizaciones sociales y comunidades asistentes que se encontraron en este espacio e intercambiaron experiencias y formas de lucha con la finalidad de solidarizarse y articular procesos organizativos que permitan un caminar colectivo y hacer realidad sus derechos.
En sus considerandos se identifica la carencia de reconocimiento integral y efectivo en México de los derechos colectivos como pueblos originarios y afrodescendientes en la Constitución, así como las reiteradas violaciones a los principios y derechos que establece la jurisprudencia internacional en estos ámbitos. Se considera que los aparatos de seguridad y justicia del Estado mexicano, permeados como están por la corrupción (y añadiría, por sus intereses de clase), no sólo son incapaces de brindar seguridad e impartir justicia para el pueblo sino –por el contrario– utilizan de manera facciosa estos aparatos a fin de diezmar, desarticular y reprimir a las organizaciones sociales y comunidades que con dignidad han decidido alzar su voz para denunciar los abusos y atropellos del gobierno y del sistema capitalista.
Se asienta, asimismo, que no obstante ser los pueblos originarios los primeros pobladores de este continente y de participar en los procesos sociales que dieron origen a México como nación y en la permanente lucha por mejores condiciones de vida, hasta la fecha no se valora ni se toman en cuenta sus aportes, soslayando sus derechos elementales al territorio, a ser sujetos de derecho público, a la autonomía y libre determinación. Peor aún, se denuncia la sistemática violación a los derechos colectivos, sociales e individuales establecidos en la Constitución, mientras las leyes y los aparatos de justicia son utilizados para acallar las voces de quienes reclaman el cumplimiento efectivo de los derechos. Con exactitud se caracteriza al actual gobierno como de los multimillonarios que han convertido el derecho a la protesta en un delito, dando trato de criminales a los luchadores sociales, mientras los verdaderos delincuentes gozan de la protección e impunidad del Estado.
La política entreguista de este gobierno convierte en negocio privado los derechos elementales a la educación, salud, vivienda, producción y alimentación, para exentar al Estado de su responsabilidad social, lo que también representa una flagrante violación a la Constitución y los tratados y convenios internacionales. Se identifica a los programas sociales del gobierno más que como solución a la pobreza y marginación como una herramienta de cooptación y manipulación política, que destruye la identidad y organización comunitarias. Las leyes, políticas, programas, megaproyectos que sigue instrumentando el gobierno en los territorios de los pueblos originarios ignoran la decisión y la existencia misma de los pueblos, justifican el despojo y constituyen otra de las formas de violación de los instrumentos jurídicos internacionales.
Con una clara perspectiva de género, que rompe con los estereotipos y las perspectivas estáticas en torno a los pueblos indígenas, el pronunciamiento denuncia la cultura patriarcal impuesta en nuestro país, que en los últimos cinco siglos ha dado un trato de objeto comercial y sexual a las mujeres y de manera racista las discrimina en lo político, económico y social por ser mujeres, pobres e indígenas. Esta concepción discriminatoria que desvaloriza los aportes de las mujeres –asienta el documento– ha permeado todos los ámbitos de la sociedad, incluidos los movimientos sociales y los partidos.
El pronunciamiento denuncia la criminalización de las radios comunitarias que intentan romper el monopolio de los medios masivos de comunicación, desde los cuales se ejerce el control político. El documento concluye –en sus considerandos– con una importante tesis en torno al Estado-nación mexicano, mismo que se constituye como la expresión de las clases poderosas y no del pueblo pobre, y mucho menos de los pueblos originarios, cuyos derechos han sido negados históricamente. La clase política que ejerce el poder en este país no representa los intereses del pueblo trabajador, carece de legitimidad y ha conducido a México a un desastre económico, a una guerra de exterminio por todos los medios y a un callejón sin salida. Ha declarado la guerra a todas las formas legítimas de organización y gobierno de los pueblos originarios, desde donde se construye una nación en la que quepamos todas y todos.
En su parte programática, el pronunciamiento propone –entre sus principales puntos– seguir luchando por el reconocimiento y respeto de los derechos colectivos de los pueblos originarios en la Constitución. Seguir en el ejercicio de su autonomía y libre determinación por la vía de los hechos, para que junto con los demás sectores oprimidos se construya la nueva patria: fortalecer y reivindicar sus propios sistemas de seguridad y justicia emanados desde el pueblo y para el pueblo, como es el caso de la CRAC-PC, basados en los valores de servicio, honestidad y reducación; recuperar la memoria histórica de los héroes borrados por la historia oficial; reconocer todos los movimientos que luchan por mejores condiciones de vida, solidarizándose con ellos ante la represión.
En suma, este documento muestra la visión estratégica que los pueblos indígenas aportan para construir desde aquí y ahora, desde abajo y a la izquierda, una nación de todas y todos.
