e acuerdo con su propio compromiso, si no es que sus inquilinos activan el reloj legislativo, a más tardar pasado mañana (próximo viernes) la Cámara de Diputados dejaría planchado el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2011, cuyo armado, todo apunta, será sustancialmente diferente al propuesto, el pasado 8 de septiembre, por Felipe Calderón y su muy equipo económico, tal vez el mejor (según él mismo), el cual no tiene mayor objetivo que incrementar los dineros públicos canalizados a las instituciones dedicadas al autodenominado combate al crimen organizado.

De entrada, los becarios de San Lázaro y Xicoténcatl modificaron la propuesta calderonista de Ley de Ingresos, con el objetivo de contar con mayores recursos para el ejercicio 2011, a fin de estimular el crecimiento económico y la generación de empleo, toda vez que desde la óptica del inquilino de Los Pinos las únicas necesidades que hay que atender son las relativas al aparato de seguridad. Las demás pueden esperar, como lo han hecho a lo largo de tres décadas.

Así, los diputados (los únicos legalmente autorizados para modificar la propuesta presupuestal del inquilino en turno de Los Pinos) intentarán darle un giro al presupuesto de egresos de la Federación (PEF), sin olvidar los requerimientos en materia de seguridad. Y no puede ser de otra forma, porque la pretensión calderonista para 2011 es reducir los dineros públicos a las instituciones que atienden, o deberían hacerlo, las urgencias sociales del país.

Si se revisa la propuesta calderonista de PEF para el próximo año, de entrada salta la pretensión de Los Pinos de recortar (en términos reales, es decir, ya descontada la inflación) el gasto público para la educación (0.4 por ciento); el destinado al sector agrícola, ganadero, desarrollo social y la alimentación (22 por ciento); para comunicaciones y transportes (19.7 por ciento, en el autodenominado sexenio de la infraestructura); para trabajo y previsión social (2.1 por ciento, en el gobierno del empleo); para reforma agraria (10.8 por ciento); al medio ambiente y los recursos naturales (11.2 por ciento, en la administración ¡que se preocupa por la ecología”); para energía (9.7 por ciento); para desarrollo social (4.7 por ciento, algo que, dicho sea de paso, viola la ley respectiva); para la diplomacia (4.6 por ciento) y para el autodenominado combate a la corrupción (0.6 por ciento), entre otros.

Los tijeretazos propuestos por el inquilino de Los Pinos se concentran en los sectores que estimulan, o deberían hacerlo, el crecimiento económico, la generación de empleo y la mejoría en los niveles de bienestar de la mayoría de los mexicanos, es decir en los renglones que acumulan espeluznantes rezagos, registran los peores resultados en lo que va del sexenio calderonista y les corresponde materializar no pocas de las muchas promesas y múltiples compromisos del susodicho en tiempos de campaña electoral.

Por el contrario, la propuesta presupuestal calderonista reporta generosos incrementos en asignación de dineros para el aparato de seguridad –salvo en el caso de la Procuraduría General de la República–, sin dejar a un lado la canalización de recursos para la propia Presidencia de la República (hay que pagar las gruesas prestaciones de que goza el primer círculo), que se incrementa 4.1 por ciento en términos reales. Así, el proyecto de PEF presentado por Felipe Calderón considera un aumento de 78 por ciento (también en términos reales) para la Secretaría de Gobernación; 10.2 por ciento a la Secretaría de la Defensa Nacional (sin considerar el incremento de 13 mil 300 millones de pesos que avala la respectiva Comisión de la Cámara de Diputados); 9.8 por ciento a la Secretaría de Marina; y 5.9 por ciento para la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Para la PGR, la intención es un recorte de 1.5 por ciento.

De aprobarse tal cual, más la citada cantidad que avala la Comisión de Defensa Nacional de San Lázaro, el presupuesto acumulado para el aparato de seguridad se aproximaría a medio billón de pesos entre 2007 y 2011, como lo comentamos ayer en este mismo espacio, un enorme volumen de recursos públicos sin mayores efectos (si se mide por los resultados) y que seguirá aumentando cuando menos de aquí a 2012.

No sólo en Los Pinos y el aparato de seguridad se cuecen habas. Felipe Calderón lanzó un apetitoso bombón a las cámaras de Diputados y Senadores, al Poder Judicial, al partidizado cuan ineficiente aparato electoral y a los vigilantes de los derechos fundamentales. Así, los dineros que se canalizarían al Poder Legislativo aumentarían 3 por ciento, en términos reales; 17.3 por ciento a los muchachos del aparato judicial; 16.9 por ciento al IFE, y 19 por ciento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En conjunto, el incremento sumaría más de 10 mil 266 millones de pesos (casi 1.5 veces el recorte a educación pública), y entre estas entidades se comerían más de 63 mil millones.

Por el lado de los recortes, aparentemente el propuesto para la educación pública sería menor (0.4 por ciento), aunque en líquido el tijeretazo equivale a una reducción cercana a 7 mil 700 millones de peso, y 13 mil 800 millones en el caso de la agricultura, la ganadería, el desarrollo rural, la pesca y la alimentación. En conjunto 21 mil 500 millones de pesos menos para estos dos sectores. En cambio, los aumentos al aparato de seguridad suman más de 19 mil millones, que de alguna parte tendrían que salir, sin importar cuál sea el costo social, de acuerdo con el inquilino de Los Pinos.

Esa es la visión calderonista para, según dice, sacar del hoyo al país, por lo que resulta obvio que los inquilinos de San Lázaro están obligados a rearmar el presupuesto de egresos de la federación 2011 y darle un sentido productivo y social, que impulse el crecimiento y genere bienestar, independientemente de los asuntos de seguridad. México no puede darse el lujo de permanecer más tiempo en la inmovilidad. Habrá que ver qué tan dispuestos están los diputados.

Las rebanadas del pastel

Con bombos y platillos se anuncian nuevas posibilidades (PC Capital y TG Group, cuando menos) para que Mexicana de Aviación vuelva a operar, aunque sería como aerolínea de bajo costo. ¡Qué bueno!, pero de cualquier suerte la estrategia se mantiene, es decir, resulta exactamente la misma que la de Gastón Azcárraga, el empresario impune: que sean los trabajadores quienes paguen los platos rotos, pues alrededor de 75 por ciento del personal quedaría fuera, o lo que es igual, idéntica gata, pero revolcada.

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