La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reveló al Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) que por las tierras donde se construyó la presa hidroeléctrica El Cajón, en Tepic, Nayarit, pagó un total de 52 millones 492 mil 540 pesos a los ejidatarios de San Jerónimo Jomulco, del municipio de Jala, pero no realizó ninguna erogación por daños y perjuicios.

Aunado a ello, indicó que no dio ninguna liquidación por bienes distintos a los de la tierra, a campesinos de la comunidad del Ciruelo que, junto con los habitantes de El Zapotillo, sufrieron inundaciones a consecuencia del llenado de esa presa, motivo por el cual el Senado de la República exigió a la CFE indemnizar a los habitantes de El Ciruelo, también en Jala.

Durante el análisis del recurso 4435/10, el comisionado ponente, Ángel Trinidad, dijo que un ciudadano pidió a la CFE copia de los actos, convenios, contratos jurídicos y otros papeles que documenten los pagos en cuestión, así como la extracción de uso o aprovechamiento de material pétreo, indemnizaciones por expropiación, pagos extraordinarios, comisiones y otros vinculados con la realización de la presa. La documentación requerida se refería a los poblados mencionados.

La CFE inicialmente clasificó la información bajo el argumento de que se llevan a cabo dos procedimientos judiciales en el juzgado primero de distrito en Nayarit, bajo los expedientes 1288/9 y 1318.

Posteriormente, en audiencia ante el Ifai, la CFE anunció el monto liquidado a los ejidatarios de San Jerónimo, y dado que no se tiene constancia de que esa información se haya entregado al ciudadano que la requirió, quien además es la contraparte en el procedimiento judicial y por lo tanto es de su conocimiento, el comisionado Trinidad, con el voto unánime del pleno del instituto, resolvió que se revoque la clasificación del dato. Sin embargo, avaló la inexistencia de pagos a la comunidad de El Ciruelo, ya que la CFE reiteró en alegatos que no ha dado ninguna indemnización.

Al comentar el recurso –con información que desde octubre de 2009 el Ifai había ordenado se hiciera pública (en el expediente 2451/09)–, María Marván recordó que no puede clasificarse el monto porque se trata de recursos públicos, además que la CFE debe contar con los comprobantes de las liquidaciones. A su vez, Sigrid Artz indicó que el argumento de que dar a conocer el dato provocaría conflictos sociales no se sostiene, porque las inconformidades se dieron cuando comenzó la obra y ya no existe evidencia que nos confirme que sigue habiendo cierta problemática social.