Un juez federal en materia de amparo ordenó este jueves a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que reabra las investigaciones contra el obispo de Ecatepec, Onésimo Cépeda Silva, quien enfrenta una acusación penal por presunto fraude procesal de 130 millones de dólares, revelaron fuentes judiciales.

El amparo también obliga a los fiscales que investigan el caso a analizar un peritaje que demuestra que el prelado firmó un documento en el que se asegura que prestó en efectivo 130 millones de dólares a un particular.

En entrevista con La Jornada, el penalista Xavier Olea Peláez, quien elaboró la denuncia penal contra el obispo, aseguró que el amparo concedido por el juez Jacinto Figueroa Salmorán es fundamental, porque emite lineamientos a la procuraduría, en el sentido de que sí hay indicios suficientes para configurar el fraude procesal y que se emita la orden de aprehensión contra Cepeda.

El juzgado décimo primero de distrito en materia de amparo, con sede en la ciudad de México, concedió la protección de la justicia federal a la empresa Arthinia Internacional, quie posee los derechos de propiedad sobre una veintena de pinturas de autores de reconocimiento mundial, algunas de las cuales podrían ser consideradas patrimonio cultural, como es el caso de Mujer Caminando, del oaxaqueño Rufino Tamayo, valuada en 100 millones de dólares. Se trata de un litigio que empezó en 2008 e incluye la pelea por la propiedad de otras obras de autores como Lodigiani, Rivera, Orozco, Clausell y Picasso.

La denuncia contra Onésimo Cépeda y el empresario Jaime Matute Labrador, por presunto fraude procesal, fue presentada ante la PGJDF en octubre de 2008; los querellantes son los actuales abogados de Arthinia Internacional, empresa que acusa al prelado y a Matute de haberse confabulado para efectuar una simulación de actos jurídicos que les permitió embargar los derechos litigiosos con los cuales pueden adjudicarse la propiedad de los cuadros.

Estas pinturas, originalmente fueron donadas por Olga Azcárraga Madero –hermana del presidente de Grupo Radio Fórmula, Rogerio Azcárraga Madero– a la compañía Arthinia, de la cual era presidenta del consejo directivo.

Sin embargo, Matute Labrador, quien era asesor jurídico de la señora, se habría coludido con el obispo de Ecaptepec para despojar a la empresa de los derechos de posesión de dichas obras de arte, para lo que simularon la existencia de un pagaré por 130 millones de dólares que supuestamente el obispo entregó en efectivo a Olga Azcárraga, el 28 de abirl de 2003.