La Comisión Federal de Telecomunicaciones se sumó a la postura del presidente Felipe Calderón adversa a la admisión de la controversia constitucional que presentaron las cámaras de Diputados y Senadores en contra del decreto que prevé el apagón analógico a partir de 2015, así como a la decisión de la ministra Olga Sánchez Cordero de suspender la aplicación de dicho decreto hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva en definitiva la demanda de los legisladores en contra del Ejecutivo federal.

Después de que el Ejecutivo federal presentó los recursos de reclamación en contra de la admisión y suspensión de las citadas controversias –73/2010 y 74/2010– (La Jornada 2/10/10), la Cofetel hizo lo propio a principios de esta semana, con lo que dejó en claro su postura a favor de la aplicación del citado decreto y en contra de las cámaras del Congreso que consideran que el presidente Calderón invadió la esfera de influencia, precisamente, de la Cofetel, al emitir una disposición que no le correspondía.

Las quejas fueron turnadas a los mismos ministros que ya admitieron los escritos del presidente Calderón.

Los recursos en contra de la suspensión –que curiosamente fueron presentados ante la SCJN antes de meter los recursos en contra de la admisión de las controversias– fueron enviados a José Ramón Cossío Díaz, quien será el encargado de dictaminar las demandas del Presidente de la República y de la Cofetel.

Al formar parte de la primera sala –al igual que Sánchez Cordero–, los cuatro ministros que la integran determinarán si ratifican o rechazan la suspensión concedida en contra del decreto y la formación de la comisión intersecretarial encargada de poner en marcha el apagón analógico a partir de 2011, con el objetivo de que al 31 de diciembre de 2015 en México sólo se transmita la televisión digital. Y no en 2021, como se había determinado en un decreto emitido en 2004 por el gobierno federal.

Pero, antes, la segunda sala –a la que pertenece Luna Ramos– decidirá la suerte de la admisión de las controversias.

De acuerdo con fuentes judiciales, dada la integración de la segunda sala (con Sergio Aguirre, Sergio Valls Hernández, Margarita Luna Ramos, Luis María Morales y Fernando Franco), existe la seria posibilidad de que las controversias sean desechadas, para lo cual bastaría el voto de tres de ellos.

Y en caso de que la segunda sala ratifique la admisión de la demanda, entonces sí, la primera sala estaría en condiciones de revisar si confirma o no la suspensión del decreto; en caso positivo, las cosas quedarían como están hasta que el pleno de la Corte resuelva el fondo de las controversias, lo cual sería hasta el año próximo.