Siete de los 35 funcionarios estatales y municipales del estado de Michoacán que fueron capturados durante 2009, acusados de presuntos vínculos con el cártel de La Familia, están en riesgo de que un tribunal unitario penal ordene su reaprehensión, la que es solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR), mientras que contra 27 funcionarios más ya no se podrá ejercer acción alguna de parte de los fiscales del caso, porque se han agotado las vías jurídicas para ello, revelaron ayer fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

Este miércoles se efectúo en el tribunal unitario de circuito con sede en Morelia, una audiencia de vista en la que las autoridades judiciales admitieron una petición del Ministerio Público Federal en la que se dicte una orden de reaprehensión contra cuatro alcaldes michoacanos y tres funcionarios y ex funcionarios del gobierno de esa entidad, de acuerdo con los informantes.

Los nombres de los indiciados no fueron proporcionados por las fuentes consultadas, pero sí revelaron que el agente ministerial solicitó que los alcaldes y servidores públicos michoacanos involucrados sean citados para que comparezcan ante el magistrado de circuito responsable de resolver este caso.

No se sabe con certeza cuánto tiempo tardará el tribunal unitario para emitir su resolución, la cual será definitiva e inatacable para la PGR, en caso de que le sea desfavorable a la dependencia.

El pasado 28 de septiembre, cuatro ex policías ministeriales y uno municipal que permanecían presos desde hace 16 meses por sus presuntos nexos con el cártel de La Familia Michoacana, fueron absueltos de esa acusación y salieron del Cereso de Morelia, por lo que de los 35 funcionarios estatales y municipales, capturados durante 2009, ya sólo queda preso el alcalde priísta de Múgica, Armando Medina Torres. Este edil será excarcelado en las próximas semanas, una vez que se desahoguen diversos trámites judiciales pendientes.

La liberación de los cinco servidores públicos se dio pocos días después de que también obtuviera su libertad absoluta el ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) Miguel García Hurtado, y de que Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador de la entidad, Leonel Godoy Rangel, rindiera protesta como diputado federal, aunque con una orden de aprehensión vigente.

De esta forma, el alcalde de Múgica es el único funcionario que queda detenido por el llamado michoacanazo, y si no fue excarcelado este martes junto con los otros cinco servidores públicos se debe a que Armando Medina Torres fue capturado por la Procuraduría General de la República en septiembre de 2009, tres meses después de la aprehensión de sus coacusados, por lo que tiene pendiente el desahogo de diversas diligencias judiciales, informaron fuentes del Poder Judicial.

El 26 de mayo de 2009 fueron detenidas 27 personas, entre ellas diez alcaldes, funcionarios estatales, así como la ex secretaria de Seguridad Pública, Citlalli Fernández, y el director de la misma dependencia, Mario Bautista, además de policías ministeriales y municipales.