En las comunidades rurales no existe decreto ni consigna expresa que excluya a las mujeres de acceder a la propiedad de la tierra; sin embargo, en los hechos este derecho no es reconocido, advierten defensoras de los derechos de las mujeres en zonas indígenas de Oaxaca y Chiapas.

Ese derecho es, además, la puerta al ejercicio de facultades como participar en las asambleas comunales, tomar decisiones en la familia y tener un patrimonio que dé seguridad a una mujer y sus hijos, consideró Flor de Jesús Pérez Ramírez, responsable del programa Mujeres Organizadas en el Ejercicio de su Derecho a la Tierra, en Chiapas.

Aseveró que el trabajo en comunidades no es fácil pues las mujeres estamos inmersas en un tejido social de subordinación y discriminación. Destaca que el concepto derecho es occidental, que no existe en las lenguas de la región, por lo que es una labor ardua explicar a los comuneros y ejidatarios su significado.

Para lograr su objetivo, Flor de Jesús se acercó en primera instancia a las autoridades comunales para plantear la importancia de involucrarse en las actividades de discusión y análisis de los problemas relacionados con la propiedad de la tierra.

A los hombres también les interesa tener información sobre la realidad de las comunidades, la región, el estado y el país en cuanto a la privatización de la tierra, por ejemplo, mencionó.

Agregó que los talleres que imparte su organización son vistos como una oportunidad de tener herramientas que sirvan a la comunidad para tener claro qué es la privatización y por qué es importante defender la tierra.

Leticia Aquino, por su parte, desarrolla en la Sierra Norte Oaxaqueña el proyecto Ciudadanía comunal, acceso a la tierra de la mujer mixe y zapoteca con el objetivo de incidir en la reglamentación de los estatutos comunales en beneficio de los derechos de la mujer y el acceso a la tierra y la justicia.

Coincide con Flor de Jesús en que se debe acercar el concepto de equidad a las comunidades, pues no es algo que esté muy claro.

Según la asociación civil Semillas, de 12.3 millones de mujeres que residen en zonas rurales sólo 661 mil ejidatarias y comuneras (el 5 por ciento) tienen derechos reconocidos sobre sus parcelas, tierras de uso común y solares urbanos, a pesar de que un porcentaje mucho mayor está al frente de sus familias por la creciente migración de los varones, lo que ha feminizado la agricultura.