Seiscientos 40 funcionarios y ex servidores públicos adeudan al erario casi 43 mil millones de pesos, esto es, 90 por ciento del total de multas por cobrar correspondientes a casos de corrupción.

Sin embargo, la mitad de esa cifra (poco más de 22 mil millones de pesos) corresponde a créditos dados de baja –como los denomina el Servicio de Administración Tributaria (SAT), instancia encargada de recuperar adeudos–, debido a que el cobro no se puede realizar porque los expedientes no fueron integrados correctamente por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Datos obtenidos mediante solicitudes de información señalan que en la lista de esos peces gordos se encuentran –con las cantidades más altas– ex funcionarios y servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabjadores del Estado (ISSSTE), Banco de Comercio Exterior (Bancomext) e Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otros.

Por ejemplo, Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Pemex, fue sancionado, en total, con poco más de 4 mil millones de pesos, según tres expedientes (créditos 2062833, 126449 y 158005). Los casos fueron integrados en 2005, aunque hay fechados en 2002 y otro el 7 de enero de 2010.

También se encuentra en dicha lista otro ex titular de la paraestatal: Raúl Muñoz Leos, con créditos por pagar, en conjunto, por más de 5 mil millones de pesos, según expedientes integrados en diversos momentos.

Hasta el momento no se ha precisado el monto cobrado.

En el caso de la CFE –una de las paraestatales con más casos de corrupción, sin que la SFP haya interpuesto demandas penales para resarcir los daños–, ocurre una situación similar.

De una lista de más de 2 mil casos en el periodo 1988-2010, hay expedientes de cuentas por cobrar hasta por 300, 400 y 500 millones de pesos, producto de sanciones que ha impuesto la SFP, pero que siguen en suspenso, es decir, sin cobrar, y por supuesto sin que los responsables hayan sido encarcelados por cometer delitos graves contra el patrimonio de la CFE y, en consecuencia, del erario nacional.

Como ha difundido La Jornada, a nivel general, en los últimos 19 años el importe total de créditos (multas a funcionarios señalados por la SFP o la Auditoría Superior de la Federación como responsables de irregularidades graves) es por 48 mil 572.9 millones de pesos.

De esa cantidad sólo se reporta el cobro de 75.7 millones de pesos (menos de .25 por ciento, esto es, apenas arriba de cero), mientras 22 mil millones son créditos dados de baja o considerados incobrables por la Administración General de Recaudación del SAT, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 0610100102610.

De la lista de funcionarios a los que se aplicaron sanciones, la mayoría fueron multados con elevadas cantidades (5 millones hacia delante), aunque varios, como los ex servidores públicos mencionados, aparecen varias veces. Un caso extremo es el de Eric Roberto Butcher Martínez, ex funcionarios de la CFE, quien aparece una decena de veces en el listado referido, producto de su inhabilitación y sanción –hace 10 años– por anomalías en la construcción de la termoeléctrica Petacalco.

En tanto, fuentes consultadas señalaron que se ha iniciado el despido de los contralores con mayor experiencia precisamente en las labores de detectar y documentar casos de corrupción.

Paradógicamente, están recortando a los funcionarios con más experiencia. Además, se está reduciendo 30 por ciento la plantilla de personal en los órganos internos de control (responsables de la vigilancia en cada dependencia), que fungen como enviados de la SFP.

No ha habido información oficial del estado que guarda la cobranza y tampoco del supuesto cese de contralores ni de las acciones de diputados que integran las comisiones de Presupuesto y de Vigilancia, instancias a las que la Secretaría de Hacienda tienen la obligación de informar acerca del cobro de multas.