ntecedentes: no fue gratuito que la última obra de Samuel Philipps Huntington, Quiénes somos (2004), haya versado sobre su intensa mexicanofobia (extensiva a su latinofobia).

Que Huntington –anterior funcionario del Consejo de Seguridad Nacional estadunidense y polémico teórico de un nuevo orden mundial de corte multirracial que plasmó en su Choque de civilizaciones (artículo en Foreign Affairs, verano 1993; y libro en 1996)– haya sido humillantemente rechazado dos veces por la Academia Nacional de Ciencias no alteró el trayecto ominoso de su tesis de odio global.

La ambientación escenográfica de la islamofobia estadunidense fue proveída por los presuntos atentados terroristas mahometanos del 11/9, ocho años más tarde al Choque de civilizaciones, que desembocaron en las invasiones a tres países musulmanes: Afganistán, Pakistán e Irak.

Hechos: la enmienda SB 1070 se gesta 17 y nueve años más tarde al Choque de civilizaciones y al 11/9, respectivamente, tras su siembra ideológica en una opinión pública muy sugestionable de Arizona, muy bien nutrida por el linchamiento antimigratorio de los multimedia en medio de una profunda crisis económica, lo cual aprovecharon las empresas carcelarias privadas de EU que cabildearon su creación y adopción legislativa con el fin de obtener suculentas ganancias bursátiles, según Laura Sullivan, La economía de las prisiones, NPR, 28 y 29/10/10.

En síntesis: a mayor detención de inmigrantes ilegales mexicanos y latinos se obtiene una maximización del llenado de las prisiones privadas, en forma individual o en alianzas estratégicas (con autoridades muncipales, estatales y federales), donde las empresas privadas carcelarias –que, por cierto, cotizan en la bolsa neoyorquina de valores– obtienen óptimas ganancias gracias al criterio cuantitativo.

Una cárcel llena de inmigrantes ilegales genera similares ganancias a los estadios de futbol repletos de aficionados.

Sullivan devela que NPR analizó durante varios meses centenas de páginas de documentos que desglosan los esfuerzos tranquilos (sic) tras bambalinas de la industria privada carcelaria para ayudar a redactar (sic) y aprobar (sic) la enmienda SB 1070, mediante la cual “las empresas privadas carcelarias […] tienen un plan, un nuevo modelo (sic) de negocios para encerrar a los inmigrantes ilegales”.

Tal ley es susceptible de enviar cientos de miles de inmigrantes indocumentados a la cárcel en forma nunca hecha. Y puede significar centenares de millones de ganancias para las firmas privadas carcelarias responsables (sic) de hospedarlos (sic).

En diciembre de 2009, en el hotel Grand Hyatt de Washington, el grupo secreto (sic) Consejo de Intercambio Legislativo Estadunidense (ALEC, por sus siglas en inglés) se reunió para diseñar la SB 1070, cuyo encargado, presente en la reunión, fue el senador por Arizona, Russell Pearce (RP), por cierto, asiduo de las aglomeraciones atrabiliarias del Partido del Té.

Comenta que ALEC es un grupo secreto de legisladores estatales y poderosas trasnacionales, como la tabacalera Reynolds American Inc, la petrolera ExxonMobil y la Asociación Nacional del Rifle. ¡Pura beldad!

Destaca entre sus miembros la multimillonaria (sic) Corrections Corporation of America (CCA), la mayor empresa privada carcelaria de EU.

Si la URSS estatizó su Archipiélago Gulag (obra inmortal de Alexander Solzhenitsyn), EU lo privatizó.

La enmienda modelo (sic) SB 1070 era importante para la CCA, cuyos ejecutivos, que no verdugos, creen que la detención de inmigrantes es su próximo gran (sic) mercado, pues esperan aportar una parte significativa (sic) de sus ingresos de la inmigración y de Customs Enforcement, la agencia que detiene a los inmigrantes ilegales.

La adopción del modelo legislativo fue unánime en el hotel y dos meses más tarde fue votada casi palabra por palabra como ley en Arizona. ¡Qué eficiencia!

ALEC –grupo conservador, orientado al libre mercado y pro limitación gubernamental– calcula que la SB 1070 puede ser extensiva a otros estados gracias a las generosas lubricaciones de 200 empresas privadas que cabildean con jugosos donativos de campaña a los legisladores.

El director de las políticas de ALEC (con sede en Washington), Michael Bowman, enuncia que su grupo educa (¡supersic!) a los legisladores y reconoce que los autores de las enmiendas son una mezcla de legisladores estatales y algunas (sic) de las mayores empresas privadas del país. ¡Con razón salen tan educaditos los legisladores!

Para amarrar la enmienda, la CCA contrató un nuevo y poderoso (sic) grupo cabildero (en México, se les llama coyotes), cuyos efectos fueron fulminantes: 30 de 36 copadrinos de la enmienda recibieron donativos de los cabilderos carcelarios o de las empresas privadas penitenciarias, específicamente de tres: CCA, Management and Training Corporation y The Geo Group. ¡Toda una depravada industria privada carcelaria que se nos había escapado a los leguleyos del sistema penitenciario de EU!

Como era de suponer, la gobernadora Jan Brewer tiene sus propias conexiones con las empresas privadas carcelarias y dos de sus principales asesores (sic), su portavoz, Paul Senseman, y su director de campaña, Chuck Coughlin, fueron cabilderos de las empresas privadas carcelarias. Pues sí.

Cuatro días le tomaron a la gobernadora estudiar y aprobar la enmienda Pearce (la SB 1070). ¡Ni el Congreso mexicano es tan eficiente!

El júbilo de Wayne Calabrese, presidente de The Geo Group, era incontenible ante un grupo de inversionistas, cuando la SB 1070 abría enormes oportunidades a escala federal.

CCA cotiza en bolsa, su sede se encuentra en Nashville (Tennessee), sus ingresos en 2008 ascendieron a casi mil 600 millones de dólares, y cuenta con más de 60 instalaciones con capacidad para 85 mil camas y 17 mil 400 empleados. ¡Ni mandado a hacer!

The Geo Group (con ingresos de mil 43 millones de dólares en 2008) y Management and Training Corporation se han visto liadas en escándalos nauseabundos, lo cual no obstó para que la primera ostente alcances trasnacionales, que incluyen el manejo de la salud mental, hasta Norteamérica (sic), Australia, Sudáfrica y Gran Bretaña, curiosamente, la crema y nata de la anglósfera. ¿Incluirá a todos los miembros del TLCAN?

¿Qué manejo de salud mental aplicarán a los miserables inmigrantes ilegales, además de extrañas conversiones, que no coinversiones, religiosas de denominaciones protestantes?

¿Cuál es la postura del Vaticano sobre las conversiones maquilladas y maquiladas de los guadalupanos mexicanos y latinos en los Gulags de EU?

Conclusión: desde la detención discriminativa, pasando por la corrección carcelaria, hasta la conversión religiosa, brilla intensamente el arsenal del behaviorismo sicologista –que extrapola en forma reduccionista el condicionamiento de las ratas a los humanos– de control colectivo por la plutocracia neototalitaria de EU que bursatiliza hasta los desechables y excluidos sociales que ha engendrado su modelo capitalista neoliberal, entre quienes ha colocado a los inmigrantes ilegales con el fin de maximizar las ganancias penitenciarias privadas.