El gobierno de Oaxaca, encabezado por el mandatario priísta Ulises Ruiz, fue el más impugnado mediante controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2004 a 2008, según el registro actualizado del portal de estadística judicial @lex, con 39 demandas durante ese periodo.

Ruiz Ortiz, cuyo mandato termina en diciembre, fue el gobernador que más denuncias recibió de los municipios de la entidad (19) y del gobierno federal (20) por diversas violaciones a la Constitución.

El mandatario que ocupó el segundo lugar en controversias constitucionales en su contra fue el de Sonora, el también priísta Eduardo Bours Castelo, quien además estuvo bajo los reflectores cuando la SCJN investigó diversas violaciones graves de garantías relacionadas con el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, con 29 demandas.

Les sigue el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, con 22 demandas.

Después de estas entidades aparecen, con 21 controversias, los estados de México, Jalisco y Morelos. En el periodo de referencia la única entidad que no fue demandada por esta vía fue Campeche.

De acuerdo con @lex, las controversias en contra del gobernador de Oaxaca fueron por: destitución de funcionarios (la gran mayoría municipales), con 23 quejas; discrepancias en la asignación de recursos públicos a los municipios, con cinco demandas; revocación del mandato constitucional de funcionarios municipales, tres; acuerdos administrativos y justicia administrativa, un caso cada uno, y otras cuatro por distintos motivos.

De acuerdo con funcionarios judiciales consultados, en la gran mayoría de los casos los ministros dieron la razón a los demandantes, lo que incluso permitió a la SCJN establecer tesis y criterios jurídicos en defensa de la autonomía e independencia de los municipios y en contra de la intromisión injustificada de los gobiernos locales en actividades propias de los ayuntamientos.

El fallo de la última controversia contra la administración de Ulises Ruiz no forma parte de la estadística mencionada y se dio a conocer la semana pasada, cuando la SCJN invalidó por acción de inconstitucionalidad un decreto de Ruiz Ortiz que reformaba y derogaba diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo local y del Reglamento Interior del Congreso, que incluían una disposición que garantizaba al mandatario saliente que parte de su administración no fuera sometida a auditorías.

Además de haber sido el gobernador más impugnado por sus propios municipios, con 19 controversias, enfrentó una investigación de la Suprema Corte por los conflictos ocurridos entre mayo de 2006 y enero de 2007 en la capital de Oaxaca.

En octubre de 2009 se resolvió que Ulises Ruiz es responsable de violación grave de garantías individuales por los hechos de violencia e ingobernabilidad que tuvieron lugar en la ciudad de Oaxaca, y que el gobernador incurrió en violación grave de los derechos de acceso a la justicia, la integridad personal, a la vida, la libertad de expresión, a la educación, la propiedad, la paz y el acceso a la información.

Sin embargo, las demandas de juicio político en su contra fueron desechadas en su momento por las Cámaras de Diputados federal y el Congreso local.