Grupo Iusacell presentará una denuncia contra Nextel por violar al menos tres mandatos judiciales que le impiden explotar los 30 megahercios (Mhz) por los que pagó 180 millones 300 mil pesos en la licitación 21.

La empresa de Ricardo Salinas Pliego señaló que además de mostrar absoluto desdén por las leyes mexicanas, en Estados Unidos Nextel oculta información relevante y factores de riesgo para sus accionistas sobre los juicios que se le siguen en México, debido a que desde el punto de vista de la empresa, académicos, especialistas en telecomunicaciones y legisladores, las bases de la licitación 21 no son constitucionales y hay un daño patrimonial al Estado mexicano por 5 mil millones de pesos ocasionado por Nextel y su entonces socio Televisa.

Iusacell señaló que la denuncia que interpondrá contra con Nextel será por violación a las sentencias, debido a que ejecutivos de la empresa en México han asegurado que ya empezaron con pruebas de la red en la ciudad de México y que en breve anunciarán las ciudades del Bajío en las que empezarán a operar a través de la explotación del espectro concesionado como parte de la licitación 21.

Precisó que con dichas declaraciones se hace evidente el desacato a las resoluciones de suspensiones definitivas para explotar el espectro que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le otorgó, y citó el amparo concedido por el juez segundo de distrito radicado en Toluca; una suspensión definitiva del juez segundo en materia administrativa, con sede en Coahuila; otra suspensión otorgada por el juzgado de distrito en materia de amparo y juicios federales de Matamoros, Tamaulipas. Además de la sentencia de amparo dictada por el juzgado noveno de distrito de la ciudad de México, que declaró inconstitucionales las bases de licitación.

Iusacell acusó a la SCT y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de proteger a Nextel en el desacato a las autoridades mexicanas; al mismo tiempo que han hecho caso omiso de sus mandatos.

Destacó que con este comportamiento Nextel México sólo sigue el patrón de NII Holdings, su matriz en Estados Unidos que a la fecha no ha informado a la Comisión de Valores ni a los inversionistas sobre los juicios que se le siguen en México. Esto es ocultar información desde el punto de vista ético y con ello viola la denominada full disclosure, la obligación de divulgar información completa al mercado.

En su reporte financiero trimestral NII Holdings (Nextel) informó a la bolsa de valores de Nueva York que su subsidiaria Nextel México recibió de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el título de concesión que le permitirá explotar 30 megahercios (MHz) en la frecuencia de 1.7 gigahercios (Ghz) y así ampliar su participación en el mercado mexicano de las telecomunicaciones.

La empresa estadunidense no aludió al rompimiento de Televisa del acuerdo de compra de 30 por ciento de las acciones de su filial mexicana en mil 400 millones de dólares, que habían pactado bajo la condición de que Nextel se adjudicara espectro en la licitación 21.

Tampoco hizo referencia a las impugnaciones legales en contra del proceso y el amparo concedido a Grupo Iusacell para que no se explote el espectro adjudicado a Nextel hasta que un juez revise si la licitación 21 se hizo con apego a la ley, y si no hubo quebranto a las finanzas públicas con el pago de 180 millones 300 mil pesos a cambio de los 30 Mhz, en contraste con los 5 mil millones de pesos que pagaron Telcel y Telefónica por una cantidad similar de ese bien público.