El Gobierno del Distrito Federal, por medio del programa de Atención a Migrantes de la Ciudad de México, centró nuevamente su interés en el estado de Arizona –donde residen alrededor de 33 mil capitalinos– con motivo de la votación de la Proposición 107, que de aprobarse podría dejar sin acceso a educación superior a cientos de hijos de inmigrantes al eliminar las cuotas que fijan universidades públicas para admitir y becar a un determinado porcentaje de población migrante.

El abogado Gabriel Sayavedra, del bufete Alcock & Associates, contratado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) para brindar talleres de derechos y asesoría a migrantes del DF en Phoenix, advirtió que la aprobación de esta iniciativa significará para las autoridades capitalinas abrir un nuevo frente de lucha.

Se trata, explicó, de una iniciativa más promovida en tiempo de elecciones, como otras que han venido restringiendo derechos a la población migrante. La Proposición 107, detalló, cuyo nombre oficial es Resolución 2019 Concurrente de la Cámara, relacionada con la prohibición de trato preferencial o discriminación, plantea una enmienda a la constitución de Arizona que diga que ese estado no deberá otorgar tratamiento preferencial o discriminar a cualquier individuo o grupo basándose en raza, sexo, color, origen étnico u origen nacional en la operación del empleo público, la educación pública o la contratación pública.

La trampa, alertó, es que se consideraría ilegal que las universidades públicas continuaran su política de fijar un cierto porcentaje de su matrícula de ingreso y de becas para estudiantes hijos de inmigrantes.

Sayavedra visitó la ciudad de México, de donde es originario, para realizar una seria de talleres con personal de la Sederec y de Locatel, adscrito a Línea Migrante, que al cierre de octubre había recibido más de 33 mil 300 llamadas, un promedio de 500 al mes.

Según datos de la dependencia capitalina, hasta octubre pasado habían regresado a la ciudad 22 personas deportadas de Arizona, estado que junto con California, Texas, Illinois y Nueva York, concentra el mayor número de llamadas.

En entrevista, Sayavedra dice estar convencido de que la mejor arma que puede tener un inmigrante para defender sus derechos, aún sin documentos, es la información.

De allí que resaltó la importancia que para esta gente tienen los talleres Conozca sus derechos, que se realizan por convenio con la Sederec Alcock & Associates en la ciudad de Phoenix y con la abogada Delia Salvatierra en Mesa, a los que han asistido mil 98 inmigrantes, no sólo originarios del DF, sino a un montón de personas de otros estados del país que lamentablemente sus gobiernos no están haciendo nada.

Comentó que una asesoría con un abogado puede costar hasta 300 dólares y pueden ser solamente cinco minutos, mientras que el convenio con el gobierno de la ciudad permite brindar apoyo sin costo alguno.

De entrada, dijo que es importante que sepan que ser indocumentado en Estados Unidos o permanecer más del tiempo permitido no es un delito criminal, existen mecanismos que permiten cancelar la deportación abrupta de una persona sin documentos.