Durante los seis años recientes, la unidad de la Procuraduría General de la República (PGR) dedicada a combatir el lavado de dinero de los grupos criminales que operan en México dio inicio a 496 averiguaciones previas por ese delito.

De esas indagatorias, 92 por ciento se relaciona con detenciones de personas en algún aeropuerto del país, por haber trasladado más de 10 mil dólares en efectivo sin haberlo declarado ante las autoridades aduanales.

Según consta en estadísticas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), recabadas en los seis años recientes como parte de los informes anuales del Poder Judicial Federal (PJF), de esas 496 indagatorias, sólo 8 por ciento fueron iniciadas contra líderes y miembros importantes de los cárteles de la droga que operan en México.

La mayoría de esas averiguaciones están relacionadas con personas que trasladaron dinero en efectivo, pero no en grandes operaciones mediante instituciones financieras internacionales.

En mayo de 2009, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión de la Cámara de Diputados publicó el informe El lavado de dinero en México, escenarios y propuestas legislativas, en el que evaluó que el blanqueo de activos no es combatido con eficacia.

El documento refirió que las aprehensiones y sentencias contra narcotraficantes por operaciones con recursos de procedencia ilícita no tienen relación con el volumen de dinero que entra al país por venta de drogas, calculado en 17 mil 200 millones de dólares anuales, provenientes de Estados Unidos.

Según consta en las estadísticas del PJF –consultadas por La Jornada–, de las 496 indagatorias iniciadas por la PGR en los seis años recientes, la fiscalía consignó 233 ante jueces federales, quienes en ese lapso han emitido 47 sentencias condenatorias por lavado de activos, pero sólo contra individuos que fueron arrestados en aeropuertos en posesión de grandes cantidades de efectivo (a estas personas se les conoce como burros.)

No obstante, en las estadísticas no hay una sola condena contra algún ejecutivo bancario o financiero de empresas nacionales o internacionales en las que comúnmente se invierten los capitales ilegales, o contra algún importante operador financiero que labore para alguno de los cárteles mexicanos de la droga.

A la falta de resultados de la PGR en materia de combate al lavado de dinero se suma el fracaso de otra instancia gubernamental dedicada a perseguir ese delito.

Los abogados Rogelio Garza y Edgardo Buscaglia, especialistas en temas fiscales y criminología, respectivamente, sostuvieron en entrevista con este diario que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha fracasado en su tarea de prevenir las transacciones con recursos de procedencia ilícita.

De su lado, jueces de distrito en materia de procesos penales federales, quienes pidieron no mencionar sus nombres, responsabilizaron del fracaso en el combate al lavado de dinero fundamentalmente a la UIF de la Secretaría de Hacienda.

Uno de los juzgadores consultados dijo: “Hasta hoy sólo me han tocado casos de lavadores que no son el fiel reflejo de las operaciones millonarias que llevan a cabo diariamente los grupos del narcotráfico. Únicamente hemos tenido casos de los llamados burros, que son detenidos en algún aeropuerto internacional”.

Otro juez federal afirmó: Está fallando la UIF. Allí, con toda la información que les manda el Fondo Monetario Internacional y con los datos fiscales de cada persona física y moral, deberían detectar las grandes movilizaciones nacionales e internacionales de dinero, para ubicar a los empresarios que están haciendo operaciones financieras en su nombre.