ecibí una carta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que hace referencia a la reciente aprobación de una reforma al artículo 91 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por la que se entregarán a los derechohabientes vales que podrán canjear por medicinas en las farmacias. Como la misiva está dirigida a mí, probablemente porque abordé este tema el pasado miércoles en un artículo titulado Ley Simi: El rostro de la corrupción, y porque creo que se trata de un asunto de interés general, me parece pertinente referirme aquí a esa comunicación.

La carta califica como acusaciones sin fundamento que las modificaciones a la ley citada busquen beneficiar a una familia en particular vinculada con el PVEM. Tienen razón, pues los términos de la ley, tal como fue aprobada el martes por la Cámara de Diputados, no se refiere específicamente a las Farmacias Similares o a las Superfarmacias El Fénix, en las que participan personas relacionadas con ese partido, sino a ese tipo de establecimientos en general. Pero aun así, es inocultable que al surgir la iniciativa de un partido fundado y liderado por familiares de dueños de farmacias, existe un claro conflicto de interés, que en mi opinión, debió haber bastado para impedir la modificación a la ley.

La misiva insiste en que la reforma no favorecerá a ninguna empresa privada, además de que considera absolutamente falso que encierre intereses económicos y comerciales. Los únicos beneficiados serán, según la carta: los más de 50 millones de derechohabientes del IMSS, quienes podrán recibir sus medicamentos y agentes terapéuticos de forma inmediata. Veamos si esto es cierto. Pensemos por un momento en una persona afectada por hipertensión arterial, a la que los médicos del Seguro Social le prescriben un medicamento, digamos la nifedipina, pero al no existir este fármaco en cantidad suficiente en el propio instituto, se le dará un vale que podrá canjear por el fármaco en alguna farmacia autorizada por algún mecanismo que todavía no está definido, y que abre una puerta muy ancha a nuevos esquemas de corrupción.

Las farmacias adquieren las medicinas de los laboratorios que las producen (que en muchos casos son los mismos a los que compra directamente el IMSS) y operan con un margen de utilidades que es legítimo en cualquier negocio. Es obvio que los costos por este procedimiento se verán incrementados pues, comparativamente, el precio de las medicinas que adquiere en grandes volúmenes el instituto, es mucho menor que lo que éste tendrá que pagar ahora a las farmacias particulares que operan con un margen de ganancia y en las que la nifedipina resultará mucho más cara. Afirmar que no existen intereses económicos involucrados en la reforma a la ley, y que se trata del más puro espíritu altruista, como sugiere la carta, es algo demagógico y muy poco serio.

De acuerdo con la reforma, los vales se entregarían sólo en el caso en el que hubiera insuficiencia de medicinas en el IMSS y dependiendo de la capacidad presupuestaria del instituto. Aquí hay algo muy extraño, pues los creadores de la iniciativa, que ya fue aprobada, parten de la hipótesis –o de información privilegiada– de que el desabasto de fármacos no es el resultado de la carencia de recursos económicos en el Seguro Social. En otras palabras, no habría medicinas, pero sí dinero para pagar a las farmacias.

Es algo muy simple: si el desabasto no es resultado de la falta de recursos, entonces es consecuencia de fallas en los procedimientos para la adquisición de medicamentos, corrupción u otras causas que bien podrían ser atacadas y corregidas, preservando y saneando a esta importante institución. Si, por el contrario, el desabasto es consecuencia de la falta de presupuesto, entonces no hay esquema que pueda funcionar para satisfacer la demanda de los enfermos, pues las farmacias particulares no van a entregar los productos que comercializan a cambio de vales que no podrán cobrar. Es claro que ante este dilema, la solución más adecuada es fortalecer al IMSS y no privatizar –la carta rechaza que se trate de eso– una de sus tareas más importantes, que consiste en proporcionar a los derechohabientes los tratamientos que requieren para preservar su salud. Por otra parte, el modelo de privatización de las funciones del Seguro Social, que a mi juicio se expresa en este tema, ha mostrado ya sus fallas, como en el caso de la subrogación del servicio de guarderías.

La decisión tomada por la mayoría de los diputados debe ser corregida. Una oportunidad para hacerlo la brinda la discusión que, tengo entendido, deberá darse ahora en el Senado de la República. Yo no puedo explicarme cómo los diputados del Partido Revolucionario Institucional pudieron avalar esta reforma, pues siempre han insistido que el desarrollo de la Seguridad Social en México ha sido el resultado de su labor. Entiendo que existe una alianza con el PVEM y que la votación que se dio puede ser el resultado de esa vinculación. Si tienen que pagarse facturas o lealtades, que se busquen otras formas, pero que no se arriesgue a una institución que es clave para la salud de los mexicanos.