gobiado por sus contradicciones e incapacidad de reformarse, el Estado surgido de la Revolución Mexicana, después de 90 años de desvíos, saqueos y corrupción al servicio de las oligarquías locales y nacionales surgidas de los privilegios que otorgó ese sistema, está agotado.

Su herencia es este país destrozado y de violencia que hoy se disputan las oligarquías con los monstruos que crearon y con los cuales convivieron. Su legado es este país de monopolios económicos, destrucción de actividades productivas nacionales, su dependencia absoluta e indigna frente a la economía de los vecinos del norte, para los cuales hasta nuestra violencia es negocio, porque sus tráficos de ilegalidades los hacen más rentables.

Son los que están dispuestos a reformar y reducir, los derechos de los mexicanos y ampliar sus privilegios, logrando la destrucción del país, la paz social y ofreciendo sólo incertidumbre.

El Estado mexicano ha muerto y con él su constitución y sus leyes. La causa es que la oligarquía que domina la política en su conjunto no está dispuesta a ceder ninguno de sus privilegios ni ceder sus monopolios, y por ello es incapaz de reconstruir la paz con base en la legalidad.

El Estado mexicano ha muerto, pues la oligarquía –tanto las locales como la nacional– fomenta la ilegalidad, la discrecionalidad al igual que las organizaciones criminales que dice combatir. Para ello ha comprometido una vez más el uso del Ejército y lo ha arrastrado a su descomposición y lo ha puesto entre los ciudadanos y el enfrentamiento entre bandas asociadas a jirones del Estado y la República. Municipios, estado y Federación no pueden limpiarse porque los señores de la guerra, los oligarcas son incapaces de reconocer ante la nación su responsabilidad en el México destrozado actual.

¿Cómo pueden reformar este país los que lo han hundido y siguen haciendo negocio hasta con la violencia y la guerra? Si hoy la clase política de manera creciente aparece vinculada a las organizaciones criminales es porque los poderes profundos se vincularon a las bandas nacionales e internacionales en gran escala para obtener beneficios con el contrabando, el tráfico de drogas, de personas, secuestros, compra de la justicia, el proteccionismo fiscal, los subsidios. A lo más que han hecho ha sido fomentar el miedo, organizar bandas paramilitares. Ya es plenamente reconocido que no hay banda criminal que no esté dirigida o integrada por policías o ex policías con amplia vinculación con los órganos de seguridad hechos para combatirlos. Muchos de los policías y soldados muertos fueron víctimas de sus propios compañeros que cruzaron la raya o informaron desde dentro. ¿Qué policía o funcionario público puede ir a fondo, si el enemigo que persigue es invisible y está adentro? ¿Qué investigador puede ir a fondo y de acusador puede pasar a ser acusado en pago por sus servicios? ¿Quién puede llevar un juicio justo y saber quién miente y quién no, cuando los medios de comunicación en horas y días imponen su veredicto?

La estrategia fallida de Felipe Calderón como presidente civil refugiado en el fuero militar no es el fallo de Calderón solamente, sino de esa misma oligarquía incapaz de generar reformas para acabar con las causas de fondo de la guerra y que son el gran vínculo entre el crimen y un Estado que venía agonizando y ahora está muerto.

Esto no se resuelve electoralmente ni en el año 2011 ni en 2012. La profunda tragedia nacional requiere una solución que venga por fuera del actual sistema de partidos, de los actuales miembros del Congreso. Se trata no sólo de una asamblea constituyente, sino de representantes nacionales provenientes de todos los sectores sociales y económicos, los representantes ideológicos genuinos y verdaderos de las corrientes de pensamiento, de los intelectuales independientes y no subordinados en espera de una curul o tajada de poder. Por fuerza deberá irrumpir entre las contradicciones y el filibusterismo; deberá ser un referente capaz de organizar un nuevo pacto federal, social, económico y político; que regrese al Ejército a sus cuarteles y organice una verdadera policía nacional al servicio de la seguridad ciudadana y popular. Se requiere una asamblea constituyente con un amplio programa de reformas sociales y que desmantele el sistema actual de privilegios, monopolios y falta de competitividad en todos los aspectos de la vida nacional. Una asamblea que no ofrezca la pureza ni derechos en abstracto (trabajo actual de los demagogos que viven de la división y la polarización), sino la creación de una verdadera legalidad basada en los principios del bienestar social, la equidad, la competencia y el ejercicio verdadero de derechos.

Con la muerte del Estado murió la transición pactada desde el zedillismo y diseñada desde el Consenso de Washington. El paradigma ha muerto y ya no da soluciones ni reformas, sino más descomposición.

Este 2 de noviembre no lloremos la muerte del Estado mexicano. No guardemos luto. Trabajemos para que nazca el nuevo.

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