El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) no puede estar encabezado por una consejera cuya actuación es de abierto proselitismo hacia un candidato a la dirigencia nacional del PAN, sostuvo la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa (ALDF), Alejandra Barrales, en clara alusión a Carla Astrid Humphrey Jordan, quien el pasado 24 de octubre, día de las elecciones vecinales, decidió acompañar a su esposo, Roberto Gil Zuarth, hasta la sede panista para que presentara su solicitud para contender por la sucesión de César Nava.

Dicha situación también generó la inconformidad de varios diputados de PRD, PT y PRI, quienes este miércoles entregarán un documento formal a la Comisión Jurisdiccional de la ALDF, en el que piden que se inicie un procedimiento de remoción de dicha consejera, ante su falta de imparcialidad a su responsabilidad como árbitro electoral. El texto está signado por 27 legisladores; se espera que en esta semana se adhieran más, hasta completar 44, número mínimo que se requiere para iniciar tal proceso.

Ese mismo día habrán de sesionar los siete integrantes del pleno del Consejo General del IEDF para decidir quién será su presidente durante los próximos dos años. El viernes pasado se canceló la reunión por falta de quórum. Respecto de este trámite, los representantes de PRD, PT y Convergencia ante el instituto demandaron que ese proceso sea abierto y transparente y se resuelva en el seno del Consejo General, y no al margen de él, pues como órgano máximo de decisión en ningún caso puede ser sustituido por otra instancia.

Por medio de un comunicado, expresaron que la determinación de quién encabezará ese órgano electoral no es un simple asunto de trámite, sino una resolución que entraña una discusión, definición y votación que debe darse de frente al Consejo General, de manera transparente y apartado de cualquier suspicacia.

Barrales dejó en claro que respetarán la decisión que asuma el Consejo General, pero confió en que, por sentido común, los consejeros habrán de elegir a alguien que dé fortaleza a la institución, que garantice imparcialidad, certeza e independencia, y cierre el paso a la especulación, lo cual no se tendría con Humphrey.

Manifestó que la Asamblea respeta la vida personal de esa servidora pública; eso no está sujeto a ninguna valoración, lo que se juzga y se le critica son sus actos públicos y su actuar político, que son otra cosa.

Añadió que los hechos son contundentes. No puede ser que el órgano que está para garantizar legalidad e imparcialidad en las elecciones, esté presidido por quien está abiertamente haciendo proselitismo en favor de un candidato de un partido.