La reforma constitucional propuesta por el presidente Felipe Calderón para establecer el mando único policiaco en cada estado de la República destruye la célula básica del país, que es el municipio, ignora la historia federalista de la nación y, además, es incompleta, porque no incluye los soportes técnicos e indicadores para poder evaluar si realmente daría una solución al problema de inseguridad y violencia provocada por el crimen organizado.

Es la evaluación formulada por Mayolo Medina Linares, ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y actual consultor en la materia, quien luego de elaborar un amplio estudio sobre la unificación policial concluye que el camino correcto sería desechar la iniciativa presidencial, como han demandado alcaldes de todas las fuerzas políticas y algunos legisladores, entre ellos el senador del PRD Pablo Gómez.

Cuestionado sobre los riesgos de dar a la Secretaría de Seguridad Pública todo el poder para asumir el mando policiaco, como propone la iniciativa del Ejecutivo, Medina Linares respondió que en 23 años que lleva dedicado al tema no conoce una policía en el país que sea ejemplo a seguir.

“La policía federal tiene lagunas y problemas gravísimos. Ahí está el caso de Ciudad Juárez, que no se puede negar, y el hecho de que haya sido utilizada políticamente en el llamado michoacanazo, en el cual actuaron sin tener elementos para detener a los alcaldes, supuestamente involucrados en el narcotráfico.”

Medina, junto con Carlos Mendoza Mora y Óscar Aguilar Sánchez, integrantes del despacho Proyectos Estratégicos, llevó a cabo un amplio análisis de la reforma de Calderón y concluyeron que no se percibe una estrategia adecuada ni existen fundamentos ni causas suficientes para emprender la modalidad de mando único, que además se aprecia de alto riesgo.

Advierten que el artículo 115 constitucional, en su fracción III, permite establecer los mandos únicos policiacos en las regiones en que se considere viable, pero vía la coordinación, no la subordinación de los municipios. No hay por qué tocar la Carta Magna ni alterar el orden federalista, basta resolver problemas presupuestales en los municipios a los que siempre se ha tenido en el abandono.

Entre las desventajas de la propuesta, los consultores destacan que se vulnera al municipio, porque no podrá hacer uso legítimo de la fuerza para cumplir con sus funciones, ya que no contará con elementos policiacos. Asimismo, hay una pérdida formal de interlocución del ayuntamiento ante la sociedad, al no poder ofrecer directamente condiciones de orden y seguridad.

Perciben también el peligro de conflictos político-administrativos en el caso de autoridades estatales y municipales que pertenezcan a partidos diferentes o se tomen decisiones operativas que no se compartan.

Otra desventaja a valorar, concluyen, es que serán los gobernadores quienes concentra-rían el mando de la policía en la entidad.

En relación con los argumentos esgrimidos por el gobierno federal, señalan que 80 por ciento de las policías de los municipios cuentan con menos de 50 elementos y únicamente 11.5 por ciento con más de 100, y que en 400 ayuntamientos no hay ninguno. La percepción general, destacan, es que en esas corporaciones impera la corrupción y no hay un modelo prototípico que garantice mejores resultados.

Por otra parte, consideran prematuro proponer la desaparición de la policía municipal cuando ni siquiera ha concluido el periodo de transición para valorar las reformas constitucionales que entraron en vigor en 2009, las cuales prevén la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública.

En entrevista, Medina Linares consideró que la alternativa de fondo para atacar la violencia y la inseguridad es revisar, a la luz de casi 15 años de creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuáles han sido las fallas y las fortalezas, y actuar en ese sentido.

Sostuvo, por último, que se debe evaluar la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que su creación en 2000, vino a resquebrajar el sistema.