En México prácticamente no se cobran multas a funcionarios corruptos, a quienes se comprobaron actos irregulares en perjuicio del erario.

De 1991 a junio pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso multas por 44 mil 803 millones de pesos y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 3 mil 769 millones.

De ese total (48 mil 572 millones de pesos), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sólo ha podido cobrar 75.7 millones, esto es, menos de uno por ciento. En tanto, 22 mil millones de pesos fueron dados de baja o prescribieron, es decir, salieron del rango de créditos por cobrar.

En suma, sólo 26 mil 458 millones de pesos (menos de la mitad de créditos, derivados de pliegos administrativos, sanciones económicas y multas administrativas) permanecen en las cuentas del SAT como créditos activos, de acuerdo con información pública correspondiente a la solicitud 0610100102610.

Si se cobraran de manera efectiva todas las multas fijadas por la SFP y la ASF, se podría pagar, por ejemplo, el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México por casi dos años.

La Jornada publicó la semana pasada que en los recientes 25 años la SFP ha sancionado a más de 2 mil empleados y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); algunas de las multas rondan los 50 millones de pesos por negligencia administrativa, violaciones a las leyes y normatividad presupuestal, así como violación a los procedimientos de contratación, aunque se desconoce cuántas de estas sanciones han sido efectivamente cobradas por el SAT, instancia que tiene a su cargo –por ley publicada en 1988– esta tarea de recuperación.

En el informe emitido por el Servicio de Administración Tributaria el 16 de agosto pasado, se evidencia que el mayor número de multas en el periodo en referencia ocurrió en 2009, cuando se impusieron sanciones por 9 mil 192 millones de pesos; le siguen, en cantidad, algunos periodos del sexenio foxista.

Sin embargo, en la administración actual en general el nivel de multas es menor al del sexenio anterior: en 2006 se impusieron amonestaciones a mil 600 personas (mil 202 millones de pesos); en 2007 bajó a mil 127 (monto 3 mil 775 millones); en 2009 hubo multas por mil 130 millones, y en el primer semestre de este año la cuenta va en 642 créditos (o cuentas por cobrar), correspondientes a 2 mil 161 millones de pesos.

Los ciudadanos que han solicitado el estado que guardan las sanciones económicas y multas administrativas recibidas para su cobro en el SAT, cuya autoridad generadora del crédito es la SFP y la ASF, máximos organismos de control de la Federación, consideran que el SAT debería explicar por qué 22 mil millones de pesos fueron dados de baja o prescribieron, esto es, resulta dinero perdido y también trabajo infructuoso de las dependencias que integraron y concluyeron las indagatorias de funcionarios corruptos.

Señalaron que si se pudieran recuperar los 48 mil 572.9 millones de pesos, con una cobranza efectiva y sin distingos, habría un caudal de beneficios para el país en principio, porque se combatiría la impunidad y además porque el erario tendría más recursos que podrían destinarse, por ejemplo, a la educación o al combate a la pobreza.

El hecho de que el SAT no cobre las multas resulta, en los hechos, en que el trabajo de la SFP y de la ASF sea sólo de simulación, porque no se recupera el dinero producto de los actos de corrupción, advirtieron los ciudadanos solicitantes al difundir la respuesta del coordinador de Apoyo Operativo de Recaudación de la Administración General de Recaudación del SAT, Héctor Vázquez Luna.

Sin embargo, añadieron, la SFP no es solamente la afectada, sino que incurre en omisión porque, de acuerdo con la normatividad de obligaciones de esa dependencia (oficio SP/100/005/98), tiene la obligación de vigilar el cobro de multas impuestas y, en consecuencia, sancionar a su vez a quien corresponda por la omisión en la recuperación de créditos. Lo mismo ocurre con la ASF.

La SFP, el SAT y la ASF se hacen de la vista gorda y sólo fomentan la impunidad y la simulación del combate a la corrupción. Es vista gorda porque saben perfectamente de los errores y omisiones, pero no hacen nada para remediar esta situación, agregaron los ciudadanos a quienes respondió el SAT este punto.

Lo mismo ocurre con las multas impuestas por la Procuraduría Federal del Consumidor a malos proveedores que defraudan a los clientes. De 2000 a la fecha, se impusieron más de 2 mil millones de pesos en multas, “pero el Servicio de Administración Tributaria sólo cobró 9 millones. Ahí tampoco se cobra, por tanto, todo el trabajo de la Profeco queda en la simulación y el engaño al ciudadano.