l proceso de selección de los nuevos consejeros electorales ha sido mero espectáculo de simulación en un escenario de total ilegalidad. En su búsqueda por imponer dos alfiles más en el Consejo General del IFE, el PRI ha propiciado una olímpica violación a la Carta Magna, la Ley Orgánica del Congreso (LOC) y la misma convocatoria emitida el 30 de septiembre. Se pavimenta así el camino para otra gran crisis electoral en 2012.

Frente a la traición de los políticos, habría que alzar la voz ciudadana. Los 17 finalistas deberían salir hoy de las penumbras del cabildeo y la negociación de sus candidaturas, para comprometerse públicamente a rechazar sus eventuales nombramientos si no surgen del consenso de todos los partidos políticos. La actual ausencia de posicionamientos públicos de este tipo implica una silenciosa pero contundente complicidad de los candidatos con un proceso ilegal e ilegítimo.

Los finalistas supuestamente son los ganadores de la primera etapa del concurso. Pero si todo sigue igual, también serán sus víctimas. Los tres que entren al IFE lo harán con un tufo de ilegitimidad que podría llevar incluso a la terminación anticipada de sus mandatos. Por otra parte, los que se queden en el camino serán fácilmente desechados sin recibir explicación alguna y terminarán siendo meros paleros de un pacto cupular que jamás tuvo en cuenta sus méritos.

Existen numerosas violaciones a la legalidad. Para empezar, los diputados jamás cumplieron con el requisito constitucional de llevar a cabo una amplia consulta a la sociedad. Es cierto que la convocatoria invitó a la población a presentar opiniones sobre los candidatos. Sin embargo, la Comisión de Gobernación nunca quiso asegurar que esta consulta fuera efectivamente amplia, ni ofreció información alguna sobre los respaldos u objeciones a las candidaturas.

Imperó una total discrecionalidad y opacidad en la actuación de esta comisión. Más allá de la transmisión por el Canal del Congreso de las entrevistas, la confección de la lista de los finalistas se desarrolló en la oscuridad más vergonzante. La convocatoria señalaba que el dictamen legislativo incluiría una lista de los candidatos con las mejores cualidades en términos de experiencia y formación electoral, así como el perfil académico. Sin embargo, en los hechos el dictamen no incluye la más mínima evaluación comparativa de las capacidades de los candidatos. Simplemente se limita a cortar y pegar un resumen, tendencioso y con graves erratas, de los currículos de los candidatos bendecidos por los partidos políticos.

Al no exponer las razones específicas que llevaron a seleccionar a estos candidatos y no a otros, el dictamen viola de manera grave el artículo 16 constitucional, que obliga a todas las autoridades a fundar y motivar sus actos. Los 118 candidatos excluidos en esta primera etapa deberían considerar con toda seriedad ampararse contra su exclusión para no quedar como simples legitimadores del proceso.

Los diputados también han violado el mandato de la LOC de procurar la inclusión paritaria de hombres y mujeres. No se hizo referencia alguna a este tema en la convocatoria y únicamente se incluyeron seis mujeres en la lista de finalistas. Para dar escrito cumplimiento a la ley, los tres vacantes tendrían que ser ocupados por mujeres. Pero esta aspiración de paridad está muy lejos de cumplirse en el ambiente tan misógino de la política nacional.

Tanto los diputados como los candidatos, y sobre todo los finalistas, también han violado de manera abierta y constante la disposición que prohíbe la realización de entrevistas o reuniones con aspirantes o candidatos fuera del procedimiento de esta convocatoria. La burla a este artículo ha sido tan evidente que hasta los medios de comunicación han dado fe de su violación (véase Reforma, 29/10/10, p. 6).

Finalmente, la Junta de Coordinación Política ha incumplido con el plazo legal. A partir de ayer, el IFE funciona con únicamente seis integrantes, una situación que pone en duda la validez legal de todos y cada uno de sus actos.

Ahora bien, con la propuesta de que los finalistas levanten la voz para poner un alto a esta farsa, estamos suponiendo que en principio representan intereses ciudadanos y no de bandos o facciones políticas. Pero en algunos casos este supuesto simplemente no se cumple. Por ejemplo, cinco candidatos (Enrique Ochoa, Roberto Duque, Cecilia Tapia, Jacinto Silva y Adriana Favela) son funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los primeros tres están íntimamente ligados tanto al PRI como a María del Carmen Alanís.

Ochoa, por ejemplo, fue consejero político nacional del PRI en 2006 y tiene como padrino de su carrera política ni más ni menos que a Luis Téllez, aquel pulcro funcionario que forma parte del Grupo Carlyle y hoy dirige la Bolsa Mexicana de Valores después de haber sido obligado a renunciar al gabinete de Calderón de forma vergonzosa. Duque se formó a la sombra de Emilio Chuayffet en la Secretaría de Gobernación. Tapia ha trabajado con Alanís desde hace más de una década, y de manera sospechosa ni siquiera ha permitido el acceso público a su currículo.

Pero todavía existe una pequeña ventana de oportunidad para que los verdaderos ciudadanos hablen, o callen para siempre, antes de que se consume el nuevo atraco de nuestras instituciones por el matrimonio reconciliado entre PRI y PAN.

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