La Paz, BCS, 31 de octubre. El proyecto de Ley de Turismo que el gobernador Narciso Agúndez Montaño envió al Congreso local otorga facultades discrecionales al Ejecutivo estatal para expropiar por decreto predios particulares.

La iniciativa –cuyo artículo 71 permite al gobernador establecer a su arbitrio zonas turísticas de utilidad pública– fue turnada en mayo a la Comisión de Turismo y se retomó en el actual periodo ordinario de sesiones para su análisis en foros, donde académicos y empresarios la rechazaron abiertamente.

El legajo de 93 artículos y 11 transitorios prevé crear un fideicomiso equiparable al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Según el artículo 68, de esta forma se promovería el desarrollo y consolidación del sector, así como el crecimiento y regulación del mercado inmobiliario correlativo y la generación de oportunidades para los inversionistas.

El fideicomiso incentivaría la identificación de inmuebles, zonas y regiones susceptibles de explotación turística para adquirir, fraccionar, arrendar, administrar o efectuar cualquier enajenación de bienes –tanto muebles como inmuebles– para evitar la especulación de cualquier persona física o moral.

Entre las atribuciones del fideicomiso también destaca participar con los sectores público, social y privado en la constitución, desarrollo y operación de empresas turísticas, así como gestionar y obtener financiamiento.

La estructura planeada garantizaría a las instituciones de crédito el pago de los préstamos y la colocación de instrumentos bursátiles para la inversión en el sector. El fondo participaría como socio o accionista en empresas u organismos que desarrollan proyectos.

Alertan sobre excesiva concentración de facultades

Por separado, los dirigentes locales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de los consejos coordinadores empresariales de La Paz y Los Cabos rechazaron el proyecto por el exceso de facultades que confiere a la Secretaría Estatal de Turismo, al gobernador y al fideicomiso.

Coincidieron en que el artículo 71 pone en riesgo el derecho de propiedad, pues cualquier persona con un terreno con frente de playa podría ser expropiada con el pretexto de beneficiar al turismo.

El dirigente de Los Cabos, Rubén Reachi Lugo, sostuvo que aunque el fondo administrara las donaciones de tierra que por ley deben hacer los desarrolladores a los municipios para la creación de infraestructura, en la práctica sería una especie de Fonatur estatal, lo que preocupa al sector productivo, pues cuando el gobierno se mete de empresario siempre ocurre un desastre.

Según la iniciativa –dijo– el gobernador podría zonificar u ordenar el territorio por decreto y sin pasar por la autorización de los cabildos, con facultades para dar permisos de uso de suelo, coeficientes de ocupación y densidades, lo cual es peligroso en manos de una sola persona.

A su vez Guillermo Beltrán Rochín, de la Coparmex, señaló que la propuesta deja manos libres a la autoridad para manejar a su antojo el fideicomiso, cuando lo deseable es que fuese la propia ley o una distinta la que regule este organismo.

Dijo estar en contra de que el Estado pretenda impedir con un fondo la supuesta especulación inmobiliaria, pues dicho concepto no está definido legalmente y la actividad inmobiliaria no está reservada a la nación y mucho menos a una entidad federativa.

Consideró inviable que a un fideicomiso público se le otorguen atributos para ser socio o accionista en otras inversiones o en una propia, o que sea administrador de desarrollos inmobiliarios.

Advirtió que por ningún motivo un organismo como el propuesto debe tener facultades para endeudarse y garantizar con bienes públicos un desarrollo inmobiliario privado, pues ello pondría en peligro las finanzas públicas, además de que podrían cometerse atropellos.

Beltrán Rochín criticó también la propuesta de hacer obligatoria la inscripción a un registro estatal de turismo, que se sumaría a los existentes, y la imposición de multas superiores a un millón de pesos a los prestadores de servicios turísticos que contravengan tal disposición, mientras las autoridades quedan eximidas de cualquier sanción.

Reachi y Beltrán coincidieron en que la iniciativa no tuvo consenso antes de ser enviada al Congreso, y respecto al mandato federal, vigente desde junio de 2009, para que las entidades legislen en materia turística, consideraron preferible que en Baja California Sur ello no suceda.

Carlos Estrada Talamantes, del Consejo Coordinador Empresarial de La Paz, señaló que la iniciativa presenta inconsistencias jurídicas y elementos de inconstitucionalidad, así como duplicidad de funciones e invasión de esferas de otras dependencias de la administración pública.