Estados y municipios registran opacidad en el manejo de sus programas sociales y falta de claridad en la distribución de los recursos públicos, coincidieron funcionarios y expertos en el foro Transparencia, rendición de cuentas y corresponsabilidad, organizado por el grupo parlamentario del PAN.

Según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), existen gran cúmulo de irregularidades y rezago en la aplicación del presupuesto. Entre otras, que el manejo de los recursos transferidos carece de transparencia y de rendición de cuentas, y algunas cuentas públicas no tienen carácter público o no son de fácil acceso.

Juventino Pineda Pinto, director general de la Auditoría a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la ASF, explicó durante su participación en el Museo de Artes Populares, donde se llevó a cabo el foro, que de las alcaldías (2 mil 440 en el país) 70 por ciento no difunden el monto que reciben de presupuesto ni las obras por realizar, mientras en 74 por ciento de los casos, la información enviada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no coincide con la de sus registros contables y presupuestarios.

Explicó que cada año se ejecutan 200 mil obras de infraestructura y servicios básicos en los ayuntamientos, pero, según las auditorías practicadas a los fondos para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hay obras y acciones que no benefician a la población en rezago social.

Además, hay falta de documentación probatoria del gasto, recursos ejercidos por encima de los límites establecidos, conceptos de obras pagados no ejecutados y de mala calidad, recursos transferidos a otros fondos o programas; falta de retención del ISR, entre otras muchas deficiencias.

Subrayó, con base en datos de la Cuenta Pública de 2008, que sólo se ejerció 80.5 por ciento de lo asignado para todos los municipios, lo cual provoca un desfase que afecta al siguiente ejercicio y pospone beneficios para la población.

Javier Gala Palacios, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, resaltó que al analizar los programas sectoriales del gobierno encontraron ausencia de metas anuales e intermedias, lo cual dificulta la evaluación del desempeño, lo cual deja como única opción asumir una tendencia lineal.

A su vez, el Centro de Investigación para el Desarrollo estableció que en general las leyes estatales de contabilidad gubernamental están lejos de fijar bases claras, comparables y homogéneas entre las entidades, además de que existe una gran discrecionalidad y disparidad en la distribución de recursos de los gobiernos de los estados hacia sus distintas regiones, creando incertidumbre e ineficiencia en su uso, principalmente para los gobiernos municipales.