Del 14 de enero de 2008 al 31 de agosto pasado, el Instituto Federal Electoral (IFE) impuso 104 multas por un monto total de 280.4 millones de pesos, de los cuales han sido liquidados sólo 22.8 millones de pesos, obtenidos mediante el pago voluntario o el cobro realizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Del monto referido, 253.9 millones de pesos corresponden a procedimientos en contra de Televisión Azteca; de ese total, derivado de 22 sanciones, siete han causado estado, es decir, se han agotado las instancias jurídicas para su impugnación, y el resto son motivo de alguna querella. Están firmes sólo 63.2 millones de pesos y el resto podría ser impugnado.

De las sanciones impuestas a personas físicas y morales (distintos a partidos políticos), 60 han sido recurridas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual ha revocado una, modificado cinco, confirmado 26 y desechado tres; las restantes 25 impugnaciones están pendientes de resolución.

Lo anterior se deriva de las reformas constitucionales y legales en materia electoral de 2007, con base en la cual fue ampliado el catálogo de sujetos, conductas sancionables y sanciones, es decir, al IFE se le otorgaron nuevas facultades y atribuciones para sancionar.

En sesión ordinaria, el consejo general del IFE determinó no atender la solicitud del consejero presidente del instituto electoral de Coahuila, quien pretendía que el IFE suspendiera la transmisión de propaganda gubernamental de radio y televisión entre el 4 de enero y el 3 de julio de 2011, así como la llamada propaganda institucional de partidos políticos, del primero de noviembre al 3 de julio de 2011, año en que habrá contienda en esa entidad.

Durante la sesión, el PAN lamentó que de 49 resoluciones que ha emitido el IFE en el periodo del informe, el tribunal electoral revocó 35. En respuesta, el consejero electoral Marco Antonio Baños dijo que esa situación se debe a la movilidad de criterios del tribunal.

En tanto, el consejero presidente, Leonardo Valdés, justificó las cifras expuestas con el precepto de que la mayoría de los asuntos en referencia son promovidos por partidos políticos en contra de sus similares y por ello es común la impugnación en el TEPJF.