uejose amargamente el director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, porque la reforma energética aprobada por el Legislativo un par de años atrás resultó un chisguete, no obstante que en su momento el emocionado inquilino de Los Pinos no sólo la calificó de maravillosa, sino que lo llevó a decir que le faltarían manos a los habitantes de este país para abrazarse a la abundancia, el progreso y el bienestar pleno, aunque olvidó mencionar que de lengua se come todos los platos que le pongan enfrente.

La citada reforma, a juicio de Suárez Coppel se quedó muy corta y no es, ni con mucho, lo que esperábamos. ¿Qué esperaban? Lo único que tiene en mente la camada neoliberal instalada en el poder desde hace 30 años: la privatización de una empresa que ha mantenido a este país y a sus improductivos gobiernos durante tantos años, ante la rotunda negativa de llevar a cabo una profunda cuan verdadera reforma fiscal que obligue al gran capital a cumplir con sus obligaciones tributarias y, por ende, libere a Pemex de la pesada carga que artificialmente le han impuesto, impidiendo así su desarrollo y expansión.

El funcionario reclamó por el régimen fiscal al que está atada la paraestatal. Es imposible, dijo, y tiene toda la razón, porque se ha caído en el terror de obligar, por ley, a Pemex a enterar todos sus ingresos y algo más, es decir, Hacienda se queda con el paquete completo y exige aportaciones inexistentes, para lo cual la empresa debe endeudarse año tras año, sin poder invertir en su expansión y modernización. Es de locos, y lo es porque Petróleos Mexicanos ha sido obligado a cubrir lo que otros deberían, a tapar el hoyo fiscal producido por las cuantiosas exenciones tributarias de las que goza el gran capital. Su aportación anual al fisco cubre los jugosos beneficios impositivos de los grandes consorcios –antes amigos del gobierno; hoy dueños de él– y todavía le piden más.

Es deprimente el panorama, pero para corregirlo no se requiere una reforma energética, sino una reforma fiscal. Sin duda, Petróleos Mexicanos debe pagar impuestos, pero es insostenible dejarle en exclusiva la carga del paquete, mientras los grandes consorcios evaden legalmente al fisco, con el aplauso gubernamental, en una proporción similar al saqueo tributario anual de Pemex. Pero la clase política se aferra: tratándose de la paraestatal, ni un peso atrás en materia fiscal; por el contrario. Comodina e improductiva, supone que la privatización es la panacea. De proceder así, entonces ¿quién pagaría los impuestos?

En vía de mientras, va un paseo por el asunto de la dependencia de las finanzas públicas de los recursos petroleros, cortesía de la Cámara de Diputados: a pesar de que la explotación del recurso en México se remonta a los primeros años del siglo pasado, el auge de la actividad petrolera se ubica a partir de 1977, cuando las reservas y la explotación se incrementaron significativamente. El sector petrolero empujó a la economía nacional a un proceso de expansión, observándose tasas de crecimiento impresionantes entre 1978 y 1981 (8.6 por ciento en promedio para la economía en conjunto).

No obstante, estas tasas tan elevadas no mostraban que el crecimiento económico nacional se desarrollaba con marcadas desigualdades sectoriales, lo que acarrearía importantes consecuencias sociales y económicas en el futuro del país. Por ejemplo, en el auge petrolero de 1977-1981, la participación del sector en el PIB pasó de 3.9 a 6.4 por ciento, alcanzando 13.1 por ciento en 1983, en tanto que la industria y la agricultura comenzaron a retroceder. De 1977 y 1981 la participación de la industria manufacturera pasó de 23.1 a 22.9 por ciento, y la agricultura de 10.1 a 8.7 por ciento. De 1975 a 1983, los ingresos fiscales petroleros pasaron de 6.8 a 36.3 por ciento del total de los ingresos del gobierno federal; de 6.1 a 12.1 por ciento de la inversión total en la economía; de 13.9 a 28.6 por ciento de la inversión pública total; de 4.8 a 77.6 por ciento de las exportaciones de mercancías, y de 6.7 a 56.6 por ciento de la cuenta corriente.

Los hallazgos de yacimientos petroleros generaron un desarrollo desigual entre los sectores integrantes de la economía, pero el problema se concentró en las finanzas públicas. Un rasgo deseable en las características de las finanzas públicas de un país es concentrar la recepción de sus ingresos en fuentes tributarias estables y regulares, teniendo como opción el uso excepcional y selectivo de fuentes no regulares, como puede ser la contratación de deuda o la venta de activos nacionales. En México, al presentarse el auge petrolero, resultó atractivo fincar la fortaleza de la hacienda federal en la tributación del sector más dinámico, por lo que se obtuvieron ingresos públicos importantes. Esta coyuntura excepcional al paso de las décadas se convirtió en el principal problema estructural de las finanzas públicas mexicanas.

Durante años la asunción de la carga política por la estrategia de consolidación de la hacienda federal sobre nuevos impuestos regulares o la expansión de la base gravable de los existentes, fue postergada y la política fiscal siempre se decantó por gravar la actividad petrolera, aún con la conciencia de que se creaba un problema de dependencia de un recurso finito, cuyo límite de agotamiento rebasaba el ámbito de toma decisiones de los responsables de la política mexicana en ese momento.

Lo que generó el auge de la explotación del activo petrolero fue un problema estructural en las finanzas públicas. En 2009 el grado de dependencia presupuestal de los ingresos petroleros del gobierno federal era del 31 por ciento, manteniéndose en la última década en 33.7 por ciento en promedio, con picos por arriba de éste entre 2004 a 2008, periodo que coincide con los años en que el precio se mantuvo en sus máximos históricos. A mayor entrada de flujos tributarios del petróleo, el gobierno mexicano les da un tratamiento de fuente regular de recursos públicos en los presupuestos públicos de la nación, desplazando el momento para sustituir este tipo de ingresos por ingresos tributarios.

Las rebanadas del pastel

Andaba el cuentacuentos Carlos Salinas de Gortari presume que te presume su rechazo a las presiones gringas para que entregara el petróleo mexicano en el marco del TLCAN, cuando brincó a la palestra el halcón Dimitri Negroponte para desmentirlo y asegurar que fue el propio CSG quien ofreció a su contraparte de Estados Unidos, George Bush padre, abrir la industria petrolera mexicana a la inversión extranjera. Hay testigos de ambas delegaciones. ¿Quién dice la verdad? (se abre la votación).

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