l senador Ricardo Monreal ha declarado a La Jornada (26/10/10) que “el Congreso no está siendo equitativo, porque cobra una nueva tributación a los cigarros con el argumento de desincentivar el consumo, pero no hace lo mismo con la comida chatarra.

Esos alimentos provocan severos daños de salud y un quebranto de 80 mil millones de pesos al erario, ya que esos recursos se destinan a atender los problemas médicos que ocasiona.

Tiene razón. No hay congruencia entre los legisladores. Si 13 millones de mexicanos son obesos, según la Secretaría de Salud, y atenderlos cuesta al sector 80 mil millones de pesos por enfermedades relacionadas, ¿por qué sólo al tabaco se le subió el impuesto y no a todos los productos que provocan obesidad? Si 18 millones de mexicanos fuman y según las mismas autoridades cuestan al sector salud 45 mil millones de pesos, no se ve la lógica entre los legisladores, a menos que hayan sido maiceados por las empresas de alimentos y refrescos. Dividiendo 80 mil millones de pesos entre 13 millones, nos da 6 mil 154 pesos por obeso atendido en el sector salud. Si dividimos 45 mil millones de pesos entre 18 millones de fumadores, nos da 2 mil 500 pesos. Más baratos que los obesos. ¿Por qué no hay tantos grupos antiobesidad como los hay antitabaco? Es un misterio. ¿Será o habrá que buscar entre éstos el financiamiento de los grupos similares de los países más desarrollados, principalmente de Estados Unidos?

De las 530 mil muertes que hubo en México el año pasado (según Córdova Villalobos), 70 mil fueron por diabetes, principal causa de muerte en 2009, en buena medida propiciada por la obesidad. Esas mismas autoridades y los grupos antitabaco aseguran que 60 mil fumadores fallecen cada año. Menos que los diabéticos. En términos proporcionales, mueren cada año 0.96 por ciento de diabéticos y 0.33 por ciento de fumadores, si creemos en sus datos. Sin embargo, el lugar común y lo políticamente correcto es tratar de descalificar a quienes cuestionen el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco y las leyes derivadas de éste. Se les acusa de ser maiceados por las tabacaleras. En contraparte, nadie acusa a los legisladores de haber sido comprados por los fabricantes de comida chatarra, de refrescos, entre tantos productos que provocan obesidad.

Parece fuerte la expresión maiceados referida a los diputados y senadores, pero no lo es pese a su sentido peyorativo. Maicear quiere decir, según el diccionario, dar maíz a los animales, pero en lenguaje popular significa corromper políticos dándoles regalos, dinero para sus campañas electorales, viajes, etcétera. Cada vez que alguien protesta por la campaña antitabaco (a menudo confundida con la defensa del tabaco), se dice que las tabacaleras les dieron dinero, como ocurrió cuando un legislador fue acusado, sin pruebas, de haber recibido dinero de las industrias del tabaco. El Universal (26/10/10) da cuenta de un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde se demuestra que esa industria compra políticos. No conozco el estudio, pero lo que dice la larga nota es que dicha investigación está hecha con base en deducciones de prácticas formales que realizan las tabacaleras (y, hasta donde sé, todas las empresas que pueden ser afectadas por las leyes) y en entrevistas a personas anónimas convenientes. El estudio lo hizo la División de Estudios Jurídicos del CIDE, dirigida por José Antonio Caballero Juárez, quien fue consultor en 1997-98 y desde 2004 de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), de triste memoria en el mundo subdesarrollado, particularmente en América Latina por sus presuntos nexos con la CIA) y por la cooptación que ha hecho de intelectuales, profesionistas, políticos y líderes sindicales desde hace casi 50 años para convencerlos de las bondades del american way of life.

No prestigian al CIDE, donde trabajé hace muchos años, supuestas investigaciones del tipo mencionado. Tampoco a muchos de sus investigadores en activo que son serios y respetados. Pero, qué le vamos a hacer. Finalmente el CIDE se cura en salud al poner entre sus objetivos (misiones) la generación de conocimiento socialmente pertinente que auxilie en la toma de decisiones en temas clave de la agenda pública. La justificación está en decir que este tipo de estudios es socialmente pertinente, es decir, a tono con las medidas antitabaco que hoy son políticamente correctas. ¿Hará el CIDE una investigación sobre las empresas cuyos productos provocan obesidad y cómo compran políticos? ¿Y otra sobre las empresas químico-farmacéuticas y cómo compran políticos comenzando por el titular de la Cofepris?

Cuando el diputado Mario di Costanzo se manifestó hace una semana contra el nuevo impuesto al tabaco, la reportera de Reforma (19/10/10) señaló en su nota (editorializando) que retomó argumentos de las empresas tabacaleras. Simple, con eso quedó descalificado sin ofrecer pruebas. Lo que dijo Di Costanzo fue que mayor impacto sobre el sector salud lo generaban la diabetes y enfermedades derivadas de la obesidad, no el tabaquismo. Y añadió, con toda la razón, que se estaba legislando a oscuras, sin tener objetividad en los datos y tomando opiniones más de tipo mediático o con la presión de la opinión pública. Su propuesta fue, obviamente, desechada, pese a que días después el secretario de Salud le diera la razón.

¿Por qué el énfasis en el tabaco? Porque distrae de los fracasos de los gobiernos en sus políticas económicas, sociales y ambientales. Como diría Simon Clark, en tanto los gobiernos son impotentes para afectar positivamente la situación económica de la población, prohibir fumar es el tipo de acción que pueden tomar para mejorar la salud pública y ampliar su autoridad sin hacer nada sustancial en favor de la salud y educación públicas, en las políticas de empleo y salarios, en jubilaciones, en la contaminación ambiental, en el ahorro de energía no renovable, en los intereses bancarios, etcétera, etcétera.

http://rodriguezaraujo.unam.mx