Monterrey, NL., 27 de octubre. Con 15 votos del Partido Acción Nacional (PAN) en contra, el Congreso de Nuevo León aprobó el dictamen que crea la Ley de Emergencia Policial, base del mando único, que permite al gobernador tomar control de la seguridad en los municipios de la entidad en caso de causa de fuerza mayor o alteración grave del orden.

La ley reglamentaria de la fracción 17 del artículo 85 de la Constitución estatal pretende regular la intervención de gobierno del estado en los municipios por razones de seguridad. No obstante, no precisa los parámetros para declarar la emergencia ni la temporalidad de la intervención.

La ley, aprobada con 23 votos de la mayoría priísta y de las bancadas del los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Nueva Alianza (Panal) y Verde Ecologista de México, prevé una especie de mando único provisional mientras el Senado aprueba la iniciativa federal.

El diputado priísta César Garza, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad, aseguró que la nueva ley es un avance para la seguridad estatal, pues reglamenta la posible intervención del gobernador en los municipios.

En caso de emergencia, explicó, se notificará al presidente municipal, al secretario de ayuntamiento o al encargado de la policía; se nombrará un delegado para ejercer el mando y se publicará una declaratoria dentro de las 48 horas siguientes a la declaratoria, detalló.

El coordinador de la bancada del PAN, Hernán Salinas, aseguró que la ley no aporta nada nuevo y deja muchas dudas.

Reprochó que no se hayan tomado en cuenta las opiniones de presidentes municipales y diputados que participaron en mesas redondas.

Desde nuestra perspectiva, no hace más que reiterar lo que la Constitución señala; lo amplía a muchos artículos y no toca el tema toral, apuntó.

El PAN, agregó, esperaba que se especificaran los supuestos en que el gobernador podría decretar la emergencia policial.

La diputada panista Jovita Morín Flores afirmó que se trata de una “ley nini, porque ni aporta ni significa un cambio en beneficio de la sociedad”.

El priísta Héctor García García y José Ángel Alvarado Hernández, de Nueva Alianza, defendieron el dictamen que crea la Ley de Emergencia Policial e insinuaron que el rechazo de los legisladores del blanquiazul se debía a motivos partidistas.