l secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, defendió ayer la propuesta calderonista de concentrar las policías municipales en 32 mandos únicos, uno por entidad; afirmó que es necesario contar con grupos de seguridad pública fuertes y sólidos, y sostuvo sus palabras con el dato de que alrededor de 400 ayuntamientos en el país carecen de policía municipal, circunstancia que, a decir del funcionario, genera un vacío de poder que es aprovechado por el crimen organizado.

Ilustrativa de los dichos de Blake es la renuncia masiva de los elementos policiales de Los Ramones, Nuevo León –que hasta ayer era la única de las alcaldías neoleonesas limítrofes con Tamaulipas que contaba con policía municipal–, luego de un ataque con granadas a la sede de la corporación. A lo anterior deben agregarse los datos recabados por la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores, presentados en un informe el pasado 30 de agosto: de acuerdo con el documento, las principales organizaciones dedicadas al trasiego de drogas ejercen un control total en 195 de los municipios del país y tienen influencia en otros mil 500, con lo que su poder se extiende, en mayor o menor medida, por 71 por ciento del territorio nacional.

Pero si el diagnóstico del titular de Gobernación sobre la debilidad de las corporaciones policiales pareciera acertado a la luz de las cifras disponibles, la solución planteada y defendida por la administración federal resulta, cuando menos, equívoca: lejos de fortalecer a los municipios –que son la base de la institucionalidad política del país–, la propuesta del gobierno federal plantea restarles atribuciones básicas en materia de seguridad pública, lo que debilitaría el conjunto del tramado institucional y socavaría, en consecuencia, la soberanía del Estado en el territorio. Por añadidura, la creación de 32 mandos policiales únicos terminaría por alejar a las instancias de poder de la ciudadanía, impediría una vinculación efectiva entre ésta y las estrategias de seguridad pública y reforzamiento del estado de derecho, y en zonas remotas o con comunicaciones deficientes limitaría la capacidad de respuesta de las corporaciones centralizadas frente a los desafíos de la delincuencia.

El pasado lunes, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, señaló que el rumbo seguido hasta ahora en materia de seguridad es el único que hay y que lo que hemos hecho y debemos seguir haciendo es fortalecer el entramado de las instituciones encargadas de seguridad y de justicia. Sin embargo, el empecinamiento oficial en una estrategia anticrimen equivocada y parcial no sólo ha extendido la violencia y el desasosiego por el territorio nacional, también ha provocado un severo deterioro a la normalidad institucional del país.

Lo anterior puede ponderarse con el descenso de México en los índices internacionales de democracia y combate a la corrupción: en lo que toca al primer aspecto, cabe mencionar la caída de 18 puntos porcentuales en el Índice de Desarrollo Democrático obtenido por nuestro país en este año, según un estudio de la Fundación Konrad Adenauer y la agencia Polilat.com; por lo que hace al segundo, la organización Transparencia Internacional ubicó ayer a México en el lugar 98 de 178 naciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2010, la peor calificación en 10 años para nuestro país. Otro dato significativo es el que se desprende de una encuesta elaborada por el Instituto Legatum del Reino Unido, según la cual México bajó 10 puestos –del sitio 43 al 53, de un total de 110– en su nivel de prosperidad, en gran parte a consecuencia de los graves problemas de violencia criminal.

Ante el conjunto de indicadores que dan cuenta del declive nacional, provocado en buena medida por el retroceso en la seguridad pública y la vigencia del estado de derecho, más vale un cambio de rumbo tardío que porfiar en políticas que no resuelven los problemas heredados y que, en cambio, los agravan hasta el punto de prefigurar una dislocación nacional mayúscula y de consecuencias sumamente graves.