o se equivocaba Jeffrey Max Jones Jones cuando, hace justamente un año, postulaba que el narcotráfico es un negocio modelo (es decir, arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo) e instaba a los hombres de empresa del sector agropecuario a aprender de los barones de la droga, quienes han logrado definir el mercado con el gobierno en contra y sin subsidios. La única falsedad en la que incurrió el entonces subsecretario de Fomento de la Secretaría de Agricultura fue en ese último dato, porque, por medio de los programas gubernamentales Procampo y Aserca, el gobierno federal subsidia (y lo seguirá haciendo, según dijo en marzo de este año el aún subsecretario de Desarrollo Rural, Ignacio Rivera Rodríguez) a esa actividad que, en efecto, resulta paradigmática de los buenos negocios en la economía neoliberal: altas tasas de utilidad, expansión constante, innovación, mercado competitivo, desregulación, reducción de costos y recurso intensivo al outsourcing. Pero la hipocresía es el tributo que el vicio rinde a la virtud, y el régimen de Felipe Calderón no aguantó tanta transparencia de intenciones: tras ruborizarse por las claridosas palabras de Jones Jones, la administración lo puso de patitas en la calle.

Pero desde mucho antes, y hasta la fecha, la gerencia en turno del régimen oligárquico ha estado trabajando duro para crearles y multiplicarles a los empresarios beneficiados por el neoliberalismo extremo –narcos y otros– oportunidades de negocio: ya sea malbaratando propiedad pública, programando gastos innecesarios e insultantes, permitiendo la explotación inmisericorde de los trabajadores, dejando de cobrar impuestos o incrementando las condiciones de persecución y sordidez necesarias para el florecimiento del tráfico de cosas ilegales, el desgobierno se ha mantenido fiel al precepto de acelerar la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, imponer la ley de la jungla en la economía e impulsar la venta de todo lo vendible.

Tras los homicidios de 14 muchachos en Ciudad Juárez, el fin de semana, de los de otros 13, en Tijuana, y de la mayoría de las decenas de muertes violentas ocurridas en el país en estos días, subyace un afán de lucro equiparable al que desembocó en los asesinatos corporativos perpetrados en Pasta de Conchos en febrero de 2006, al que animó la intentona de privatización de la industria petrolera en abril de 2008, al que condujo al robo de los recursos de Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009, al que provocó el saqueo de Mexicana de Aviación o al que se pretendió hacer con la llamada licitación 21, hace unos días: reducir costos, incrementar la competitividad, maximizar las utilidades. Es más barato matar que negociar, más se gana licitando que preservando, menos se gasta en saquear que en restructurar.

No sean cursis: las vidas humanas son un insumo más en el vasto proceso de acumulación. Lo de menos es que sean de mineros, de chavos enfiestados, de adictos, de niños, de señoras que van pasando, de ancianos o de indígenas. Calderón no se cansa de repetir (lo dijo, por ejemplo, en febrero y abril de 2007, en enero de 2008, en agosto de 2010, y lo reitera cada vez que puede) que su pretendido afán contra la delincuencia costará vidas, y lo dice siempre en tiempo futuro, como quien planifica un programa de inversiones. Sería injusto negar que el tsunami de sangre que ha provocado ya rinde frutos: los narcos, los secuestradores, los funcionarios corruptos y los vendedores de armas hacen fortunas como nunca y hay, en consecuencia, carretadas de dinero disponible para que las instituciones financieras hagan la lavandería a gran escala. Y que no se escatime el logro de la derrama de riqueza, pues en estos años se han multiplicado los puestos de trabajo. Para todos hay: desde los delictivos sicarios y descuartizadores hasta los honestos embalsamadores y los músicos que se contratan para acompañar cortejos fúnebres. El neoliberalismo, llevado a sus últimas consecuencias, está operando el milagro de reactivar la economía.

El negocio principal, el que imprime dinamismo al resto de las actividades productivas, es una aportación de los administradores actuales de la oligarquía mexicana (hay que ir pensando en postularlos para el Nobel de Economía del año entrante): la destrucción del país.

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