La Habana, 25 de octubre. En medio siglo de existencia, el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba creció desde una etapa dominada por decisiones particulares hasta una nueva época, en la que se convirtió en una política institucional fundamentada en leyes.

El bloqueo no fue simplemente, como muchos lo creen, el corte del cordón umbilical con Estados Unidos, escribió Gabriel García Márquez. Fue una feroz tentativa de genocidio promovida por un poder casi sin límites, cuyos tentáculos aparecían en cualquier parte del mundo.

El que sería premio Nobel siete años más tarde, publicó en 1975 las impresiones de una visita de seis semanas a la isla: “Muchas industrias de países occidentales que trataron de comerciar con Cuba sufrieron las represalias de Estados Unidos y algunas fueron compradas por ellos –en Inglaterra o en España– para impedir el negocio. Un barco de la CIA patrulló las aguas territoriales de Cuba hasta hace pocos años para interceptar los barcos que llevaran mercancías a la isla cercada. La amenaza permanente de invasiones armadas, el sabotaje sistemático, las provocaciones constantes fueron para los cubanos un motivo de tensión y un desgaste de energías humanas mucho más grave que el asedio comercial.

Los obreros asumieron la responsabilidad de los técnicos fugitivos y la producción no sólo siguió adelante, sino que manifestó un incremento inmediato y constante, añadió García Márquez. “En las minas de níquel tuvieron que reconstruir de memoria los planos de explotación y otros documentos vitales que se habían llevado los gringos.

Una sola cosa era insustituible en aquella situación: el petróleo. Si no existieran otros muchos datos abrumadores sobre la ayuda de la Unión Soviética y otros países socialistas a la revolución cubana, bastaría con saber que ninguna actividad se ha detenido en Cuba ni un solo minuto por falta de petróleo, a pesar de que los tanqueros soviéticos tienen que recorrer 12 mil kilómetros.

Hoy, Cuba comercia con al menos 96 países, incluso algunos tan distantes políticamente como Israel y Taiwán, tan pequeños como Liechtenstein o tan alejados en la geografía como Mongolia. El níquel es el principal bien de exportación, que la isla explota en sociedad con la empresa canadiense Sherritt. El gobierno de Moscú, heredero del soviético, abrió una nueva agenda comercial con La Habana, que tiene socios petroleros de cuatro continentes y su máxima prioridad ya no son los ataques armados sino la batalla económica, como la llama el presidente Raúl Castro.

A pesar de tantos cambios, el bloqueo estadunidense persiste, ahora con cuerpos jurídicos de apoyo. En 1992 se aprobó la Ley para la Democracia en Cuba, más conocida por su principal promotor, el representante demócrata Robert Torricelli. Impulsada precisamente a raíz del derrumbe soviético, fue una especie de apretón de tuercas a las decisiones sueltas que ya existían para hostilizar los flujos comerciales desde y hacia la isla.

La ley Torricelli estableció dos prohibiciones decisivas, que cerraron atajos por los cuales Cuba podía sortear entonces parte del golpe que había recibido al desintegrarse el bloque soviético. Impidió a la isla negociar con subsidiarias de compañías estadunidenses instaladas en terceros países. Además, cerró la entrada a Estados Unidos durante 180 días a los buques que hubieran tocado puertos cubanos con fines comerciales.

Cuatro años más tarde, el senador Jesse Helms y el representante Dan Burton, ambos republicanos, lograron hacer aprobar su proyecto de Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, destinada a sabotear la inversión extranjera en la isla.

La Helms-Burton condensa en una sola pieza legislativa el paquete de medidas acumuladas durante tres décadas y se convierte en el paraguas de la política de agresión económica contra Cuba.

Una parte que actúa silenciosamente es la sanción a empresarios de terceros países que realizan negocios con la isla. A ellos y a sus familiares Estados Unidos les niega el visado para entrar a ese país.

El informe sobre el bloqueo que anualmente presenta la cancillería cubana a la Organización de las Naciones Unidas, recoge regularmente casos de transferencias de recursos que no pueden ejecutarse o de empresas que cesan sus operaciones con Cuba porque fueron adquiridas por una compañía estadunidense.

Entre los ejemplos del efecto extraterritorial de la Helms-Burton, el informe citó este año las multas que aplicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro al grupo bancario Australia and New Zealand Bank Group, Ltd., por 5 millones 750 mil dólares, por transacciones con Cuba y Sudán, o las que le impuso al Credit Suisse Bank por 536 millones de dólares por operaciones con varios países sancionados, entre ellos la isla.

Sin embargo, la realidad ha impuesto límites a los alcances de la ley. Su Título III reconoce competencia a los tribunales de Estados Unidos para procesar reclamaciones de ciudadanos de ese país que se consideren afectados por el tráfico de sus propiedades en la isla.

Los presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama han tenido que usar su facultad presidencial de dispensar temporalmente la vigencia de esa disposición, para evitar un conflicto con empresarios de terceros países que realizan negocios en Cuba, presuntamente en bienes que estuvieran bajo la amenaza de un litigio semejante.

La ley sanciona a los países que ayuden a Cuba a reactivar la central nuclear de Juraguá –construida por los soviéticos–, que la isla descartó por inviable en los años 90 del siglo pasado; también prevé represalias contra los gobiernos que contribuyan a la central de escucha radioeléctrica de Lourdes, que fue operada por la URSS y luego por Rusia, pero desapareció a principios de esta década.

La Helms-Burton ordena que Estados Unidos se oponga a toda terminación de la exclusión del gobierno de Cuba en la Organización de Estados Americanos, pero Washington apoyó el levantamiento de esas sanciones en 2008.