El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) informó que en las votaciones del domingo pasado, en las que se eligieron comités ciudadanos y consejos de los pueblos, participaron aproximadamente 653 mil capitalinos, lo que equivale a 8.8 por ciento del total de personas inscritas en el padrón nominal, es decir, hubo un abstencionismo de 91.2 por ciento.

Esas cifras contrastan con el incremento de las denuncias, que ayer siguieron presentándose, en las cuales se acusa a funcionarios delegacionales de haber metido mano en el proceso. Por ello, diputados locales de PRD, PT, PVEM y el líder local del PRI, Jaime Aguilar, exigieron aplicar la ley en los casos en que se confirmen anomalías.

Vecinos del Paraje San Juan Cerro, en Iztapalapa, aseguraron que tres de las cuatro fórmulas que compitieron, la uno, tres y cuatro, lo hicieron con trampas, como reparto de boletos para el cine, despensas y paseos. Además promovieron campañas de miedo entre la población, al difundir la versión de que había planillas apoyadas por el narcotráfico.

La fórmula cinco –detalla un escrito enviado a este diario– se integró por tres personas cuya labor desde hace 20 años es limpiar tumbas en el panteón de San Nicolás Tolentino. Las otras dos son una jovencita de 19 años, obrera, y una trabajadora que asea departamentos.

Sin embargo, el día de la jornada el personal del IEDF, que debió tener una actuación imparcial, se inclinó por las planillas uno, tres y cuatro, y desconoció a la cinco, al impedirle presenciar el conteo de votos.

Otra queja refiere que funcionarios de la Dirección General de Desarrollo Social de Coyoacán usaron recursos humanos, financieros y materiales para apoyar la planilla de María Eugenia Luna Zúñiga, quien es empleada de base de esa demarcación y está bajo el mando de Fernando Cravioto, integrante del gabinete delegacional.

Frente a ello, la reacción en la Asamblea Legislativa del DF fue inmediata. Los coordinadores del PRD, Alejandra Barrales; PT, Adolfo Orive, y PVEM, Raúl Nava, pidieron a los órganos electorales que vayan a fondo en esas investigaciones y se sancione a los servidores públicos que hayan metido la mano en el proceso.