El secretario de Transporte y Vialidad, Armando Quintero, informó que 783 concesiones de microbuses han sido revocadas durante la actual administración. Ello, explicó, al verse implicados en accidentes de tránsito por circular a exceso de velocidad, ser conducidos por menores de 18 años o personas bajo el influjo de alguna droga o alcohol, y carecer de una póliza de seguro que garantice el pago de daños a las víctimas.

Al encabezar el tercer operativo de verificación del transporte público colectivo e individual en el cruce de Miguel Ángel de Quevedo y Universidad, advirtió que habrá cero tolerancia para los choferes que violen la Ley de Transporte y Reglamento de Tránsito Metropolitano, pues no podemos poner en riesgo la vida de los usuarios, quienes diariamente realizan en esos transportes más de 20 millones de viajes.

Los inspectores distribuidos en dicho punto, Viveros, Auditorio, Polanco y Condesa revisarán que los conductores cuenten con licencia-tarjetón, autorización para prestar el servicio, póliza de seguro y que los vehículos no tengan los vidrios polarizados, pues no habrá segunda o tercera llamada para que regularicen su situación. Se suspenderá la ruta.

Además, continuó, se solicitará el apoyo de la procuraduría de Justicia capitalina para realizar operativos nocturnos, porque en la noche hay demasiado desorden, lo cual pone en riesgo la vida de usuarios, peatones y conductores de vehículos particulares. Vamos a meter en orden al sector y remitiremos al corralón las unidades que no cumplan. Quienes carezcan de autorización o porten placas clonadas se enviarán al Ministerio Público, por tratarse de un delito mayor, pues implica delincuencia organizada, expresó.

La detención de los conductores de los taxis placas A49089 y A04181, por ejemplo, “la vamos a aprovechar para que nos digan quién es el dueño y seguir la hebra de la cuerda, pues este tipo de operativos, que se extenderán en fecha próxima a la zona de Copilco, buscan poner orden en el transporte público y la vialidad”, resaltó.

El coordinador de supervisión de Servicios al Transporte, Raúl Miliani, reconoció que para violar la ley siempre hay buenos pretextos. En este caso, uno de los conductores de dichos taxis, José Luis Trujillo, dijo ser jubilado y encontrar en esta actividad una forma de garantizar su ingreso, lo cual lamentamos, porque ahora tendrá que enfrentar un proceso penal. La ley es muy dura, pero no podemos actuar con impunidad.

Hasta el momento han sido remitidos 37 taxis, tres autobuses y tres microbuses al depósito vehicular del IMAN por no portar la documentación correspondiente para prestar el servicio y presentar unidades que ponen en riesgo la integridad de los usuarios, pero “seguiremos combatiendo los pretextos para no cumplir. Siempre la respuesta es: ‘no tengo dinero, es que ya mero me dan mi póliza, es que ya voy a arreglar la unidad’. Las excusas son amplias, pero para la autoridad no tienen ningún peso cuando está en riesgo la seguridad de la gente. Seremos firmes contra ellos”, enfatizó.