El gobierno de Felipe Calderón propuso a la Cámara de Diputados, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, suspender la entrega de participaciones federales a los estados si éstos desvían los recursos para fines no autorizados y obligar a las administraciones locales a devolver el monto mal utilizado.

Asimismo, explica el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, las entidades tendrán que entregar un listado trimestral de los maestros comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con su nombre, horario de trabajo, comisión y salario.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), resalta el centro en un estudio sobre los principales cambios en el gasto, llevará un registro electrónico –al que en su integración se destinarán mil 80.2 millones– para que pueda ser revisado por la Auditoría Superior de la Federación o las auditorías estatales.

El registro actualizado, indica, deberá estar concluido a más tardar el último día hábil de julio de 2011. Para entonces, la SEP deberá contar con una lista del total del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva clave única de registro de población y registro federal de contribuyentes con homoclave, así como la función que desempeña.

En el caso del gasto destinado a las entidades, municipios, organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles, la propuesta de Calderón define que deberán reportar, por conducto de un sistema que facilitará Hacienda, los avances sobre el ejercicio y destino de las transferencias federales, el grado de avance de éstas, los recursos aplicados conforme a reglas de operación, sus proyectos y metas.

Además, tendrán que abrir cuentas bancarias específicas para manejar los recursos y rendimientos financieros de cada fondo de aportación federal.

Se anticipa que en dichas cuentas no podrán incorporar remanentes de otros ejercicios ni las aportaciones que realicen, en su caso los beneficiarios de las obras.

Asimismo, las entidades federativas deberán mantener registros específicos de cada fondo, con la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, y no transferir recursos entre los fondos.

Por su parte, en su comunicado semanal, la coordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, aseguró que en la aprobación del Presupuesto de Egresos –que tiene que votarse a más tardar el 15 de noviembre– debe asegurarse su transparencia y rentabilidad social.

Afirmó que el compromiso de su bancada es garantizar una mayor rendición de cuentas en el ejercicio del gasto, y ponderó que los estados deben estar sujetos a reglas que los obliguen a explicar el destino de las transferencias federales.