Un combate efectivo contra la delincuencia organizada, más que militarización en las calles o mano dura en las leyes penales –como lo está haciendo el gobierno del presidente Felipe Calderón–, requiere de una estrategia integral que combata la pobreza, el desempleo, mejore la educación y prevenga que los jóvenes sean víctimas de alguna adicción, sostuvieron jueces y magistrados federales entrevistados por La Jornada, quienes aceptaron hablar sobre ese tema a cambio de no mencionar sus nombres.

Esta opinión de los juzgadores, en la que coinciden buena parte de los jueces mexicanos dedicados a la materia penal, se le hizo llegar a la relatora especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Gabriela Knaul, durante una reunión que en días pasados sostuvieron impartidores de justicia con la funcionaria originaria de Brasil.

Incluso, uno de los jueces consultados sostuvo que la reciente reforma en materia de secuestros –que endurece las penas e impone en los hechos una especie de cadena perpetua contra quienes incurran en el delito de privación de la libertad– no inhibirá la comisión de ese ilícito.

Durante siglos, la pena de muerte y la cadena perpetua han estado acompañadas de una idea de mejorar el estado de barbarie que impera en el ámbito social, y tratando de mantener bajo control el crimen, pero el mal persiste. ¿Por qué? Porque los instintos que motivan la violencia de unos con otros no son, como creen los expertos de la criminología dogmática-conservadora contratados por el Poder Ejecutivo, o como creen nuestros legisladores desinformados: fuerzas constantes de un estado mental de equilibrio, expuso un magistrado de circuito que además de la licenciatura en derecho cuenta con estudios en siquiatría.

Un juez de distrito de procesos penales federales que despacha en un juzgado del estado de México, aseguró a este diario que el germen social del que brotan aquellos que se contratan a cambio de 2 mil o 5 mil pesos por asesinar a una persona, se fortalece con la desigualdad, la marginalidad y la pobreza de millones de mexicanos que ni siquiera tienen acceso a servicios educativos, de salud o culturales.

La mayoría de los jóvenes que se contratan con la delincuencia organizada ciertamente se conforman con el modo fácil de ganar dinero, pero no olvidemos que el resorte que los envía directo a la actividad delictiva se llama pobreza, desigualdad y falta de oportunidades de un estudio o de un empleo digno. Y si a esto añadimos que son presa fácil de las adicciones, pues ya ni que más decir, refirió el juzgador consultado.

Otro magistrado indicó que la estrategia anticrimen implementada por el gobierno federal simplemente no está dando resultados, porque no va acompañada de programas sociales integrales, donde el enfoque principal sea mejorar la educación, apuntalar el empleo y la cultura.

Opiniones como éstas fueron hechas del conocimiento de la relatora de la ONU Gabriela Knaul, quien realizó una misión de investigación en México del primero al 15 de octubre pasados, indicaron los jueces y magistrados consultados.

Cuando Knaul finalizó su visita, elaboró un comunicado divulgado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el boletín, la relatora manifestó, entre otras cosas, que la independencia de los jueces mexicanos, especialmente en las entidades federativas, está en riesgo. La vinculación de los magistrados de los tribunales superiores de los estados con el Poder Ejecutivo es un riesgo real para su independencia, acotó.

Sobre este tema, los jueces y magistrados consultados aseguraron que en el Poder Judicial Federal es más difícil la influencia del Poder Ejecutivo federal en el resultado de las controversias planteadas ante los tribunales, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la justicia del fuero común.