En la guerra contra el crimen organizado han sido asesinados 234 policías federales de diciembre de 2006 al 30 de agosto de este año. Sin embargo, únicamente 25 viudas y huérfanos han logrado obtener la pensión que por ley debe pagar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Tan sólo en este año 84 de ellos han sido abatidos, emboscados o levantados y luego ejecutados por grupos criminales, y ninguno de sus deudos ha conseguido la pensión correspondiente, de acuerdo con reportes del mismo instituto.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y la Policía Federal (antes Policía Federal Preventiva), como su órgano desconcentrado, sostienen que no es de su competencia saber cuántos hijos de agentes caídos en el cumplimiento del deber reciben becas educativas, y desconocen si tales apoyos se pagan, pese a las declaraciones formuladas durante las ceremonias fúnebres, tanto por el presidente Felipe Calderón Hinojosa como por el secretario Genaro García Luna.

Aún más: la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía Federal afirma que es inexistente la información de cuántos de sus agentes han quedado discapacitados en los años que lleva ésta en la administración federal. El ISSSTE reporta que en el periodo de 2007 a 2009 ha concedido 17 pensiones a elementos que han quedado en situación de invalidez, y no tiene casos registrados en lo que va de este año.

La Jornada publicó el pasado 18 de octubre testimonios sobre el burocratismo y actos de corrupción que sufren los familiares de los policías abatidos que intentan cobrar los seguros de vida y las pensiones. El viernes 22 de octubre, mediante respuestas a solicitudes de información pública, se obtuvieron datos que ponen al descubierto la falta de apoyo e interés gubernamental para amparar a los deudos de los oficiales victimados y darles seguridad económica.

La información revela que apenas 10.6 por ciento de las familias de los agentes abatidos por la delincuencia han alcanzado una pensión por viudez u orfandad, la cuales van de 5 mil 422 pesos mensuales –para los deudos de quienes ostentaban solamente el cargo de policía– hasta 17 mil 26 pesos para los parientes de los inspectores.

Los datos llegan en el momento que se debate la desaparición de las policías municipales, el establecimiento de los mandos únicos y la creación de corporaciones estatales basadas en jóvenes con preparatoria o carreras truncas, como prevé el proyecto de la SSP federal.

Hace días el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, apoyó la iniciativa de la SSP federal y aseguró que los retos que se busca subsanar con dicha reforma son la debilidad institucional de los cuerpos policiales estatales y municipales, así como los niveles de corrupción de las instituciones de seguridad locales, lo que provee a la delincuencia organizada un recurso de fácil acceso y alta colaboración.

La seguridad social y económica de los familiares de los agentes muertos sólo es, al parecer, un discurso para las ceremonias luctuosas. De acuerdo con la información obtenida de la propia Policía Federal, en el gobierno de Calderón han sido asesinados por grupos criminales 234 agentes, y sus parientes han quedado en la indefensión, ya que el ISSSTE informó, mediante el oficio SG/SAD/JSII.DA/52115/10, que ha otorgado solamente 25 pensiones por viudez u orfandad en el periodo del 28 de diciembre de 2006 al 21 de octubre de 2009. Los últimos dos meses del año pasado y todo 2010 ya no ha concedido ninguna.

De esos casos, cuatro pensiones no superan 6 mil pesos al mes y otras nueve son por un monto hasta de 8 mil 400 pesos. Es decir, al momento de fallecer, los federales ostentaban grados de policía, cabo de policía y sargento segundo de policía, de acuerdo con el tabulador salarial de la corporación.

La comparación de cifras de elementos caídos que reporta la Policía Federal contra los informes del ISSSTE señalan:

En 2006, de 37 agentes asesinados solamente ocho deudos han obtenido pensiones; en 2007, de 40 fallecidos, 14 huérfanos y viudas han alcanzado el beneficio; en 2008, de 63 elementos ultimados, sólo se se pagan cinco pensiones; en 2009 se reportaron 75 policías abatidos y se otorgaron cinco beneficios de ley.

Para 2010, el ISSSTE reportó: Se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos pensionarios, con las características de policías caídos y no se encontró dato alguno, por lo que se declara inexistente esa información.

La falta de cumplimiento para las familias de los oficiales fallecidos no es nueva: en 2004 se reportaron 20 casos, y solamente se paga pensión a tres viudas y huérfanos; en 2005 se contabilizaron 35 policías caídos y únicamente seis familias lo obtuvieron.

Otro de los compromisos que tienen la Policía Federal y la SSP federal es la entrega de becas educativas para los hijos de los agentes asesinados.

Sin embargo, a través de un oficio, la corporación señaló que su Coordinación de Servicios Generales no se encuentra en posibilidades de responder cuántas becas de ese tipo se han entregado, ya que no son del ámbito de competencia de la misma, y pidió que la información se solicitara a la Dirección General de Recursos Humanos de la SSP federal, para que informe de acuerdo a su competencia.

La dependencia que dirige Genaro García Luna informó además: Estamos interpretando que requiere información respecto del Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal, toda vez que dicho órgano administrativo es quien cuenta con elementos de policiales (sic).

Fundamenta su negativa: (...) Toda vez que en caso de llevar a cabo el procedimiento de búsqueda de la información solicitada al interior de esta secretaría se originarían retrasos innecesarios en la obtención de la misma.

Por lo que hace el pago de pensiones por invalidez, el ISSSTE informó que del primero diciembre de 2006 al primero de diciembre de 2009 ha concedido 17 beneficios, y que en 2010 no tiene casos registrados.

Los reportes del instituto señalan que uno de los agentes pensionados obtiene 4 mil 878 pesos mensuales; en cuatro casos se pagan beneficios menores a 6 mil pesos; tres más obtienen alrededor de 7 mil 500 pesos; tres elementos reciben menos de 10 mil pesos y en seis casos se pagan entre 11 mil y 15 mil pesos de pensión.

A su vez, tanto la SSP federal como la Policía Federal indicaron que no cuentan con información del número de elementos que han sido declarados discapacitados en esta guerra y que debieran ser sujetos de una pensión por el ISSTE.

La Policía Federal justificó: Después de haber realizado una búsqueda en los archivos de la Dirección General de Recursos Humanos, se determina que no obra documento alguno que contuviera la información solicitada, por lo que se declara la inexistencia de la información.

Esta corporación ha pagado, de diciembre de 2006 a septiembre de 2010, 334 millones 915 mil 924 pesos con 87 centavos a la compañía Metlife por seguros de vida para los trabajadores de esa institución. Sin embargo, señaló que es inexistente el número de personas que han sido beneficiarias de los mismos, y que no existe obligación legal de tener la información.

Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señaló: “ésas son las situaciones indebidas, de falta de elemental solidaridad con los familiares de elementos que en su momento han muerto en el cumplimiento del deber.

No estamos haciendo bien las cosas, lo decimos abiertamente. Si no creamos ese proyecto de vida atractivo, pues quién va a querer involucrase como policía del país.